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VIVIENDAS Y CENTROS SOCIALES EN EL MOVIMIENTO DE OKUPACIÓN

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VIVIENDAS Y CENTROS SOCIALES EN EL MOVIMIENTO DE OKUPACIÓN: ENTRE LA AUTOGESTIÓN DOMÉSTICA Y LA RESTRUCTURACIÓN URBANA
Miguel Martínez López
Universidade de Vigo

Viviendas y centros sociales en el movimiento de okupación (Resumen)
La extensa experiencia de organización y proyección social del movimiento de okupación en el Estado español (aproximadamente dos décadas) no se corresponde con análisis rigurosos acerca de su génesis y desarrollo. De hecho, algunas dimensiones centrales en dicho movimiento, como las dinámicas de reestructuración urbana y las prácticas de autogestión experimentadas por sus miembros, han quedado en un segundo plano ante una imagen mediática distorsionadora y un incremento continuado de su represión por parte de las autoridades en los últimos años. Demostramos en este trabajo la importancia de esas dos dimensiones para explicar la evolución del movimiento de okupación y describimos las diferencias y diversidades que se alojan en su seno, atendiendo especialmente a lo sucedido en las modalidades de okupación de viviendas tanto como de centros sociales. Por último, se sugiere que existe evidencia suficiente como para afirmar que las localizaciones urbanas de las okupaciones se hallan ligadas, mayoritariamente, a espacios de probable reestructuración económica, aunque las excepciones a esa pauta son considerables, al mismo tiempo que ha sido el único movimiento social en abanderar la denuncia crítica de los procesos de especulación urbana y de las políticas públicas que les dan cobertura.
 
Palabras clave: okupación, urbanismo, autogestión.

Housing and social centers in  squaters movements (Abstract)
Relationships with urban restructuring and creative practices of self-management are considered as central dimensions of analysis of the squatter movement in Spain. Describing main tendencies in the evolution of this movement in the two last decades, it is possible to discover a common pattern about urban setting of squatted buildings, even when relevant distinctions about its internal diversity must be pointed out. Finally, the political discourses and actions developed by the squatter movement showed that it constituted a dense social network worried about criticisms on urban issues as they were abandoned by other social movements.
Key words: squatters, urbanism, self-management.

"El monopolio del poder y del conocimiento que se estableció inicialmente en la ciudadela está reapareciendo, en forma muy ampliada, en las últimas fases de la cultura metropolitana. Al final, todo aspecto de la vida debe quedar bajo control: tiempo controlado, movimiento controlado, asociación controlada, producción controlada, precios controlados, fantasía controlada, ideas controladas.."(Mumford, 1961: 713)
"¿Cómo describir el régimen de propiedad sin hablar de violencia?"(Serres, 1994: 156)
El movimiento social que ha surgido a partir de las okupaciones de viviendas y centros sociales en el Estado español desde principios de la década de 1980, reúne un conjunto de cualidades y proyecciones sociales que han sido escasamente analizadas. Algunas de las contadas aproximaciones académicas disponibles (Navarrete et al., 1999), han soslayado la pretensión de explicar estructural y dialécticamente -a la vez- la génesis y singularidades de este movimiento social que han marcado profundamente a toda una generación en sus experiencias iniciáticas de emancipación familiar, socialización, creatividad contracultural y expresión política alternativa a los cauces institucionales (véanse trazos de análisis interesantes en Herreros, 1999; Marinas, 1999; aa.vv., 2002; y, considerando el mismo fenómeno en otros países europeos, en Koopmans, 1995; Gomma et al., 1996; Pruijt, 2002). El marco de investigación sociológica del movimiento de okupación en el que nos situaremos aquí, pues, consistirá en la apuesta por desentrañar las condiciones contextuales que hicieron posible su desarrollo, así como en integrar críticamente la producción de información, reflexión y conocimientos emanados del propio movimiento (Martínez, 2002).
Más específicamente, creo que, ante todo, es preciso comprender la resistencia de las personas activistas en las okupaciones a considerarse parte de un "solo" movimiento social, a focalizar en la propia práctica de okupación sus proyectos de vida y de intervención política, e incluso a reconstruir su historia de una forma más o menos sociológica. Esa comprensión, a mi juicio, sólo se puede alcanzar desde la observación participante en el seno de los centros sociales, desde la convivencia en las actividades y acciones comunicativas del movimiento y desde la discusión con sus discursos, críticas y proyectos de contrainformación. Si estas técnicas de investigación me parecen imprescindibles, también me parecen insuficientes a la hora de entender todos los contextos sociales y mecanismos que han favorecido al movimiento o interferido en su avance (sobre todo en los últimos años de la década de 1990, con una notable represión y persecución policial). Y más aún si las respuestas a las tres mentadas resistencias van exactamente en sentido contrario (Martínez, 2002): que existe una constancia de redes sociales y preocupaciones que podemos llamar "movimiento de okupación' sin complejos, que el acceso directo a un bien urbano escaso y su defensa legítima sí son "centrales" en la configuración del movimiento, y que la reconstrucción histórica de las experiencias de okupación es una necesidad propia del movimiento aunque sólo parcialmente colmada de momento desde su interior (aa.vv., 1997; aa.vv., 1999; aa.vv., 2001).
En el presente trabajo voy a intentar explicar la evolución histórica del movimiento de okupación atendiendo especialmente a su dimensión urbanística. Para diluir cualquier ambigüedad al respecto, conviene aclarar que este enfoque supone, en primera instancia, aproximarse a los cambios urbanos más relevantes acontecidos en la trama, funcionalidades y gestión pública de las medianas y grandes urbes españolas. De forma simultánea, cabe definir en qué medida se ha reaccionado críticamente a esos cambios desde las organizaciones del movimiento (si bien, bastante informales y difusas, como se señalará profusamente) y mediante qué prácticas concretas se han construido alternativas de vida urbana. En este sentido, me propongo defender que el movimiento arranca inicialmente con la reivindicación de viviendas okupadas, pero que son los centros sociales los que le conferirán mayor trascendencia, apoyo público y conflicto con las autoridades y políticas locales. Esa tesis, empero, puede tener dos defectos indeseados que me propongo remediar con los siguientes análisis del conjunto de okupaciones en el Estado.
Por una parte, el crecimiento continuado de ambas prácticas ha ido tejiendo unas sutiles diferencias y relaciones mutuas que, a la postre, se han difuminado de la imagen pública del movimiento, ocultándose considerablemente las experiencias de okupación de vivienda y los modos de autogestión comunes a ambas modalidades de okupación. Por otra parte, dentro de la diversidad de situaciones organizativas, jurídicas, arquitectónicas y urbanas correspondientes a cada okupación, no resulta difícil percatarse de una pauta común de localización en zonas urbanas sensibles a procesos de reestructuración económica y espacial (substitución de funciones urbanas y de población, terciarización productiva, rehabilitación de centros históricos, reconversión industrial, etc.). Esta conexión entre ámbitos privados y públicos, entre la satisfacción colectiva de necesidades básicas y la denuncia pública de la negación del derecho a la ciudad, entre la autogestión de la vida cotidiana y la sinergia de colectivos y proyectos sociales, entre la construcción de la democracia directa y la crítica anticapitalista creativa... es lo que nos permitirá, a fin de cuentas, trazar con alguna precisión el recorrido, las condiciones de vida y las redes sociales de este extraño, sociológicamente hablando, movimiento urbano. Es decir, escribir una historia más, entre todas las posibles, de las okupaciones de casas y de centros sociales.
Áreas metropolitanas en expansión y espacios sociales ingobernables
Expliquemos, primero, el porqué de este título, los conceptos a los que alude y su relación con nuestro tema de interés. Por una parte, pienso en "áreas metropolitanas' que no son unidimensionalmente espacios físicos (ciudades), territorios administrativos (municipios y ciudadanías) o modos de vida urbanos (culturas y economías), sino todo ello a la vez. Escenario y representación sin fin que sólo puede entenderse a través de su evolución histórica y de las relaciones que establecen las élites del mundo con el resto de habitantes. Su "expansión' la concebiremos aquí no tan sólo como influencia, habitual y erróneamente restringida a los territorios más cercanos de cada conurbación urbana, sino también como absorción de energía, población y formas de vida, procedentes de los lugares más frágiles del planeta (excepto cuando se trata de flujos turísticos). Influencia en tanto que imposición e imperio, pero con sus necesarios resquicios y crisis de crecimiento. Absorción en tanto que depredación continuada de recursos, atracción de variedad social e incremento de lo que podríamos llamar complicaciones digestivas, es decir, de las contradicciones internas entre grupos y entre clases sociales. Parece, pues, consustancial al modelo social y económico del capitalismo dominante el hecho de que esas dos tendencias sigan multiplicando su acción tanto en las ciudades como en los espacios rurales abiertamente industrializados y urbanizados.
Por otra parte, concibo los "espacios sociales' en tanto que confluencia de procesos en los que la gente vive los lugares de residencia, trabajo, movilidad o comunicación. El espacio físico es habitado en la medida en que es apropiado por sus habitantes, con prácticas simbólicas (poniéndole nombre, concibiendo sus posibilidades y usos, comunicándose a través de él o haciéndolo objeto de la comunicación, etc.) o materiales (produciéndolo y haciéndolo producir, construyéndolo, transformando su disposición y organización, recorriéndolo, etc.). Ser apropiado tiene también otro sentido: que sea útil, adecuado, válido para satisfacer necesidades, derechos y aspiraciones humanas básicas (aún asumiendo que al definir ese "valor de uso' entramos en ineludibles conflictos culturales y de intereses, además de hacerlo en una necesaria contextualización histórica y ecológica); o que sea simple y desnudamente productivo, rentable y funcional para incrementar la acumulación de beneficios de los grupos sociales más poderosos y mejor situados en los mercados de bienes raíces o de cualquier otra índole (el capitalista busca y define ese "valor de cambio' atravesando, también de forma conflictiva, un pantano de obstáculos morales, legales o comunitarios que aparecen en su camino). En consecuencia, hablaré de "ingobernabilidad' de dichos espacios sociales cuando se activen y visibilicen todas las conflictividades aludidas. Es decir, tanto cuando se destruya la sociabilidad del espacio, como cuando su construcción y apropiación ciudadanas sean insuficientes, violentas, parciales.
Voy a partir de la centralidad de esas ideas para comprender la génesis y la progresión de las prácticas de okupación en el Estado español. Más exactamente, sostendré lo siguiente: el movimiento de okupación ha reaccionado a un contexto de expansión metropolitana con prácticas de recreación social de los espacios urbanos ingobernables.
Evidentemente, esta hipótesis es demasiado simple como para revelarnos explicaciones profundas de este movimiento. Por un lado, los contextos no existen ahí fuera e independientes de nuestras definiciones, ni tampoco son convenciones culturales o estructuras económicas y políticas con las que mantenemos un único tipo de relación. Por otro lado, todos los procesos sociales por los cuales recreamos los espacios y nos apropiamos de ellos, son urbanos, artificiales, colectivos y gobernables en algún sentido, aunque algunos destacarán en grado o cualidad tanto por los efectos destructivos causados por el gobierno local de toda la ciudad, como por el tipo de acciones y relaciones de sus habitantes. No obstante, creo, como corolario,  que antes de avanzar otras hipótesis acerca de las singularidades del movimiento de okupación, precisamos adoptar una perspectiva contextualizadora y politizadora: situar al movimiento entre toda esa mencionada complejidad social, espacial e histórica. Veámoslo a continuación, pues, aunque de un modo sintético por necesidad.
¿Dónde encontraremos las okupaciones? ¿Coincidirán esos edificios abandonados y rehabilitados por estos activistas urbanos, con espacios puntuales atractivos para la práctica de la especulación urbana y con barrios a la espera de su turno para completar la reestructuración metropolitana? En gran medida, ya podemos aventurar que nuestra respuesta es afirmativa, aunque con matices y excepciones. Empero, cabe describir antes los rasgos principales de ese urbanismo efectivo que en las últimas dos décadas ha ido desbordando las leyes, las necesidades sociales y el control ciudadano.
Numerosas investigaciones han demostrado la trascendencia de las novedosas dinámicas de la expansión metropolitana más reciente, sin precedentes históricos equiparables, que se sepa. Debemos obviar ahora la problemática de los inmensos "barrios de lata" o "de cartón" que han ido rodeando a las ciudades de los países más pobres del planeta (aunque también presentes en algunas urbes del mundo opulento) y centrarnos en los procesos de privatización, militarización y motorización que se han intensificado en las metrópolis de los países más ricos (Davis, 1992; Fernández Durán, 1993; Martínez Alier, 1994; Cueva, 1996). Son tres de los ejes vertebradores de la reestructuración urbana, aunque se deberán tener en cuenta otros sucesos concomitantes.
Por una parte, los desplazamientos de empresas, la habilitación de grandes extensiones territoriales para centros comerciales, actividades logísticas o parques de ocio, y, sobre todo, la especialización de los centros urbanos en funciones de gestión, comercialización y servicios en general, han generado ciudades con zonas cada vez más segregadas, homogéneas y, por tanto, privatizadas y con más notables desigualdades sociales y ecológicas (aún entrando en polémica pública sólo extremos como los campos de golf o las instalaciones para reconvertir los residuos). Por otra parte, las "fortalezas" residenciales de clases medias y altas, la vigilancia privada de cada vez mayor número de espacios públicos y privados, o la video-vigilancia de las calles y las limitaciones a la libertad de la expresión al amparo de ordenanzas municipales reguladoras de una insulsa noción del "medio ambiente urbano", alargan sus tentáculos de nuevos "controles urbanos" hasta los espacios urbanos o rurales periféricos en los que cada vez se construyen más cárceles y de mayores dimensiones. Por último, la hegemonía del transporte motorizado, principalmente de carácter privado y por carretera -automóviles para trabajadores y turistas y camiones para mercancías y combustible-, sobre otras alternativas colectivas y con menores impactos ecológicos, ha detraído importantes inversiones públicas y ha contribuido a la mayor separación entre lugar de residencia y de trabajo.
Las reconversiones industriales (ver figuras 1 y 2) y las privatizaciones de empresas públicas animaron también nuevas estrategias de planificación urbana para aprovechar áreas consideradas "obsoletas" o "degradadas" y transformarlas en sedes de eventos turísticos y comerciales (exposiciones universales, juegos olímpicos, museos internacionales, puertos deportivos, etc.) o en nuevos complejos residenciales privilegiados (Knox, 1993; Martínez, 1999; Rodríguez y Martínez, 2001). Los ayuntamientos han subordinado plenamente las políticas urbanas a la promoción económica, a la atracción de capitales y de consumidores (por una "calidad de vida" que se paga tarjeta en mano a cada minuto), y a la búsqueda de ventajas competitivas que sustenten modelos de crecimiento sin límites. Los mercados de trabajo urbanos han sufrido, simultáneamente, fuertes agitaciones que en pocos años nos han llevado al incremento del desempleo y a su menor cobertura pública, a la mayor terciarización (especialmente tecnológica, aunque también en servicios descualificados) y a la precarización de los nuevos empleos, a la proliferación de economías sumergidas aprovechando mano de obra inmigrante ilegalizada o sectores muy lucrativos también al margen de la ley (como el tráfico de drogas o de armas), y, finalmente, a una manifestación espacial de todo ello marcada por la mayor diferenciación social (étnica, demográfica, económica, asociativa, etc.) y urbana de los distintos barrios. Podríamos hablar, así, de "barrios retrasados" y "barrios adelantados" en esas dinámicas de reestructuración urbana.
Distintos factores dieron lugar, en España, a sucesivos "booms" inmobiliarios a finales de los años 1980 y 1990 que han mostrado las subidas de precios en la vivienda más pronunciadas en todos los tiempos y a la cabeza de los países más ricos del mundo (una media del 124% entre 1980 y 2001, pero superior al 400% en solares de algunos centros urbanos) y que han abocado a ese bien urbano a la categoría de "lujo" (síntoma de lo cual es su exclusión de los cálculos del Índice de Precios al Consumo): introducción de capitales extranjeros especulativos, crecimiento de la demanda de oficinas, expansión del sector hipotecario en la banca privada, integración en la Unión Europea y en la OTAN (garantizando las perspectivas de seguridad a largo plazo que precisan las inversiones inmobiliarias), las bonificaciones fiscales a la posesión de bienes inmuebles, la liberalización de los arrendamientos, la revalorización de edificios rehabilitados, la colocación de capitales patrimoniales en viviendas de segunda mano de la ciudad consolidada y el decreciente peso que han tenido las políticas públicas de vivienda protegida en el conjunto de la promoción y construcción de viviendas (Roch, 1989; Fernández Durán, 1993; Paniagua, 1995; Naredo, 1996; Rodríguez, 2002). Aunque es cierto que en la última década han ido disminuyendo los tipos de interés en los préstamos destinados a la adquisición de vivienda, no es menos cierto que la brutal subida de los precios ha pasado una dolorosa factura patente en el incremento continuado del "esfuerzo" de las unidades de convivencia que deben dedicar cada vez más salario para acceder a la vivienda (de un coste medio de 4,14 veces la "renta familiar anual" en 1997 se ha pasado a 5,72 veces en 2001).
Otros estudios han revelado que simplemente con los indicadores más accesibles de la información censal (desempleo, formación escolar reglada y carencias constructivas en la edificación habitada) se podrían identificar casi 400 barrios en las ciudades españolas mayores de 50.000 habitantes y unos 1.000 vecindarios urbanos (delimitados por "secciones censales") en los que se concentrarían unos 4 millones de personas con las peores condiciones de vida (Sosa et al., 1995; Hernández Aja et al., 1997; Hernández de Frutos, 1999; Martínez Veiga, 2000). Por una parte, el origen y la forma de crecimiento urbano de esos barrios vulnerables o marginados nos ayuda a entender la posición "retrasada" que ocupan en las dinámicas de reestructuración económica y urbana. Se trata, principalmente, de algunos centros históricos (ver Fig. 3), de "parcelaciones periféricas" plenas o mixtas (zonas anteriormente rústicas en torno a carreteras urbanas de salida, integradas formalmente en el crecimiento urbano con substituciones de edificios, a la vez que permanece su vieja estructura parcelaria o viaria) y promociones públicas de vivienda de los años 1940-1975 con alto desempleo. Las ciudades, por lo tanto, se polarizan radicalmente entre estos espacios de exclusión y los barrios privilegiados. La movilidad residencial está vetada, en consecuencia, para las personas de mayor edad y con bajas pensiones, para aquellas que únicamente pueden acceder al mercado de alquiler, para los colectivos que buscan la seguridad de las redes de apoyo mutuo entre miembros de su propia etnia o procedencia, para los jóvenes sin cualificación o con dificultades para subsistir a saltos entre los empleos inestables a los que acceden (según el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en 1998 casi el 50% de las mujeres jóvenes, entre 15 y 24 años, y el 36% de los hombres jóvenes, estarían en paro en España: Pardo,  2001) y para toda la población pobre en general (un 10%, aproximadamente, si confiamos en la estadística del informe del PNUD 2002).
En todo caso, los evidentes problemas metodológicos (e ideológicos) que tiene la medición de la pobreza (entre otros criterios, la "línea de pobreza" se ha situado convencionalmente en la mitad de la mediana del ingreso personal disponible, pero el mismo PNUD se atiene también a la baja esperanza de vida, el analfabetismo, la desnutrición, la falta de acceso a la salud y al empleo, la carencia de libertad y de participación política, etc.: Riechmann et al., 1998) obligan a entender los espacios sociales en los que se acumula desde una perspectiva más amplia: atendiendo a la desindustrialización de algunos barrios, a las políticas públicas desarrolladas en ellos, a la calidad constructiva de los edificios, a las economías sumergidas y las actividades delictivas que encuentran también sus oportunidades espaciales y delimitan -en interacción con la policía- sus territorios, a la feminización de las unidades familiares sin recursos y al realojamiento -o simple expulsión de hecho, con escasas indemnizaciones o con pérdida de derechos como inquilinos- en la periferia urbana de poblaciones residentes en zonas céntricas sometidas a renovación, rehabilitación, especulación o construcción de infraestructuras de transporte.
Salvo excepciones, estos espacios sociales ingobernables (por su resistencia activa o por padecer la omisión pasiva y reiterada en la agenda de los gobernantes), van a ser objeto de acciones de okupación (ver Fig. 4 y 5, Cuadro 1). Estas intervenciones, junto a otras, van a sacar a la luz algunos de esos procesos de reestructuración. Pero, más allá de la voluntad de denuncia que acompaña a toda okupación reivindicada públicamente, sus proyectos, con todas las fragilidades que no será difícil percibir, van a intentar constituir formas de vida que superen la alienación urbana: "alguien busca un lugar y un tiempo donde vivir mientras la ciudad se apresta a su radiante porvenir" (López, 1993: 252).
Cuadro 1
Contexto de procesos y consecuencias sociales de la reestructuración urbana
Fuente: elaboración propia.
Rescribir las crono(eu)topías de las okupaciones
Los clásicos distinguían entre utopías y eutopías: las primeras insistían en la difícil (u-) localización (-topos) de mundos ideales que superarían aquellos rasgos patológicos de la actual realidad; mientras que las segundas incidirían más en las condiciones sociales que proporcionan la felicidad (eu-). Una crono(eu)topía, por su parte, apuntaría a darle un tiempo histórico, real aún cuando invisible o sólo soñado, a la conjunción de los dos anteriores conceptos. Pero toda reescritura de la historia es objeto de controversia y más aún cuando en ese ejercicio están en juego las utopías y eutopías de quienes la protagonizan.
En el caso de la okupación se han señalado distintas etapas que permiten comprender con algún detalle la evolución de estas prácticas de intervención urbana (Wilhelmi, 1998, Asens, 1999; aa.vv., 2001; aa.vv., 2002; Martínez, 2002; Herreros, 2002). Como se puede deducir de la fecha de esas referencias bibliográficas, ha habido cierta pereza ante tales preocupaciones. Las percepciones de estar haciendo historia, tanto como las de constituir un movimiento social, siempre han sido pesadas losas en la okupación y eso ha impregnado también, hasta hace poco, a las objetivaciones académicas. La inmediatez, el vivir aquí y ahora hasta que "no nos desalojen", las luchas desesperadas y con frecuencia resignadas ante el final siempre prematuro de los espacios okupados, han desarrollado, en contrapeso, las habilidades estratégicas de la comunicación, la denuncia y la búsqueda constante de nuevas oportunidades para seguir okupando. Al igual que en aquella parábola atemporal que representaba la película "La estrategia del caracol", cuando uno de los entrañables personajes apostillaba sentencias como esta: "recuerden que la precisión y la sorpresa son factores decisivos". Precisamente porque antes el abogado de los inquilinos amenazados de desahucio hacía lo posible por "ganar tiempo", mientras que aquéllos le replicaban que se conformarían con "ganar la dignidad": "por una vez tenga fe en las personas y no en las leyes", le dijo Jacinto, el viejo anarquista exiliado, al abogado.
No obstante, una vez aceptada la preeminencia de esta observación cabe buscarle inteligibilidad al ciclo de luchas sociales descrito por las okupaciones de viviendas y centros sociales reivindicados públicamente. Para todos los analistas hay un punto de inflexión indiscutible en la evolución del movimiento: el año 1996, puesto que es cuando entra en vigor el nuevo Código Penal que incrementa ostensiblemente el castigo a la okupación y, al mismo tiempo, porque es el año en el que se inaugura la mayor visibilidad mediática del movimiento, con la okupación del Cine Princesa en Barcelona y las intensas protestas y coaliciones desatadas a raíz de su desalojo.
Hasta esos sucesos se habían producido okupaciones en numerosas ciudades españolas desde los primeros años de la década de 1980. Hablamos de okupaciones dadas a conocer públicamente, algo siempre más tímido en los casos iniciales en los que el destino de la edificación rehabilitada era un uso exclusivo de vivienda y, desde luego, algo imprescindible en cuanto se pretendía iniciar un centro social. Esta progresión creciente en la creación de centros sociales okupados, a veces de forma también exclusiva e independiente de los usos residenciales, habría sido, a nuestro entender, uno de los factores que más abrieron la práctica de la okupación a otros sectores juveniles y políticos. Pero los orígenes del movimiento, como se ha argumentado ya suficientemente en los textos referenciados, hay que buscarlos en experiencias similares europeas y del movimiento vecinal del tardofranquismo. Imitaciones o recreaciones simbólicas, muchas veces, más que aprendizajes o réplicas precisas de aquellas estrategias.
La jurisdicción civil que persigue la okupación hasta 1996 de forma "suave" e irregular y los "palos de ciego" que dan las autoridades municipales a sus okupaciones locales ante la manifiesta legitimación pública de soluciones autónomas al problema de la vivienda, contribuyeron también al crecimiento de estas prácticas, aún con deficiente invisibilidad pública (es decir, sin suponer amenazas o retos dignos de tener en cuenta para las autoridades) y con una notable consideración de marginalidad urbana (aún cuando esta connotación podía variar mucho de un lugar a otro). No me detendré más en desarrollar estas condiciones históricas, aunque conviene recordar que además de la estructura está la propia acción de la gente joven y los ya no tan jóvenes que promueven algunas okupaciones muy duraderas (hasta 10 años) y una oposición política, aún muy minoritaria, al contexto de reestructuración capitalista como el acontecido con los grandes proyectos urbanos de 1992 (Juegos Olímpicos de Barcelona, Exposición Universal de Sevilla y Capitalidad Cultural de Madrid: ver Fig. 6, 7 y 8).
Después de 1996 vamos a encontrar al movimiento de okupación también volcado en nuevas olas de protesta anticapitalista, ahora más masivas y denominadas "antiglobalizadoras" (con manifestaciones extraordinarias en Barcelona, Madrid y Sevilla en los últimos tres años, además de la cada vez mayor vinculación con redes sociales más amplias y con las "contra-cumbres" organizadas en otras ciudades europeas). Sin embargo, eso no significa subsunción o disolución. El movimiento de okupación ha seguido extendiendo su experiencia de autoorganización social, de reokupaciones y de transmutación de muchos de sus proyectos de intervención social, pero los costes han aumentado y han mudado el contexto de legitimación y las capacidades de incidencia social (para consolidar las okupaciones y para ganar simpatías, apoyos y coordinación entre quienes apuestan por este tipo de desobediencia urbana). Los desalojos preventivos y las numerosas ilegalidades o arbitrariedades legales (judiciales, policiales o políticas) que se han producido en estos últimos años (por citar un caso, el desalojo del CSO 190 en Granada), han ido acompañadas de las primeras fuertes condenas a personas acusadas de okupar y de delitos asociados a la defensa de tales okupaciones (daños materiales al mobiliario urbano, resistencia a la autoridad, etc.) o ligados a acciones que han encontrado en los centros sociales su mejor espacio de desarrollo (las manifestaciones antifascistas o la lucha contra las prisiones, por ejemplo).
Las campañas de prensa, policiales y judiciales criminalizando irresponsablemente a todo el movimiento de okupación al ligarlo con grupos armados (e.t.a. -independentismo vasco-, g.r.a.p.o. -comunismo extraparlamentario- y distintas cédulas de anarquismo insurrecionalista) se han intensificado y continúan hasta la actualidad, con casi una docena de personas detenidas que residían o dinamizaban casas okupadas (por ejemplo, cuatro jóvenes de Valencia que dinamizaban el Centro Social Malas Pulgas fueron acusados inicialmente de organización terrorista y detenidos al día siguiente del desalojo -15 de octubre de 2002-, permaneciendo tres de ellos en prisión preventiva hasta el 11 de marzo de 2003, ya que la Audiencia Nacional desestimó los cargos de terrorismo, devolvió el sumario a la Audiencia Provincial de la que partió y los jóvenes fueron puestos en libertad bajo fianza aguardando la celebración del juicio por desórdenes públicos, daños y asociación ilícita: a partir de informaciones publicadas en http://nodo50.org/cartelera_libertaria).
Por lo tanto, han aparecido importantes barreras para la difusión pública de los proyectos contraculturales ya habituales en las okupaciones (música alternativa, actividades de formación social y política, autofinanciación de colectivos y personas okupantes, etc.) y de los más novedosos (ecología urbana, cybercultura, redes de trueque, solidaridad con inmigrantes, etc.). El exigente y poco reconocido trabajo de barrio, las dificultades laborales y residenciales (no siempre quien participa activamente en un centro social está viviendo en una casa okupada, aunque esta concurrencia suele multiplicar, en cierta medida, su inestabilidad) y la oscilación constante entre ellas y las acciones políticas de carácter más general (frente a la guerra, en los últimos meses, o frente a políticas municipales de toda índole) han contribuido a devolver un nuevo tipo de invisibilidad social al movimiento: se sabe que está ahí, pero no qué es, y recibe una atención mediática puntual, como el fallido desalojo de Can Masdeu después de una tenaz resistencia pasiva en abril de 2002, por ejemplo, o las jornadas del reciente aniversario del Laboratorio 3 en febrero de 2003 (a partir de informaciones publicadas en http://acp.sindominio.net y en RNE-3). En los últimos años también hemos asistido a numerosos momentos de crisis y descoordinación dentro de sus redes de afinidad, motivados, en ocasiones, por la siempre latente amenaza de división entre las okupaciones que buscan dotarse de una mínima cobertura legal -solicitando "cesiones" incondicionales a los ayuntamientos- y quienes expresan no necesitarla ni desearla -la mayoría-.
Para culminar este sintético recorrido histórico, cabría definir específicamente las resistencias analíticas que, nuevamente, presentan las okupaciones. Más que trazar una curva de ascenso y descenso manifiestos, el punto de inflexión de 1996 sólo marcaría el inicio de una visibilidad mediática asociada a la violencia y al extremismo políticos, ligada a una mayor represión efectiva que responde eficazmente a aquella imagen, cuando no son las propias autoridades las que la enuncian y propagan. Pero la intensidad de esfuerzos y relaciones sociales es constante a lo largo de las dos décadas de okupaciones reivindicadas: no en vano okupando se "milita" casi las 24 horas del día y, en ese preciso sentido, sí que es, fundamentalmente, una "forma de vida". La frecuente entrada y salida de las okupaciones efectivas también se asocia a una condición juvenil de nomadismo e inestabilidad que, sin embargo, no se corresponde con la persistencia en el tiempo y la reproducción ampliada de las okupaciones en tantas ciudades. En este sentido, las okupaciones habrían animado y soportado físicamente (ofreciendo espacios) las múltiples actividades políticas y personales del "movimiento alternativo" y de otros nuevos movimientos sociales afines. Pero siempre su protagonismo quedaría en un segundo plano: utilitarias, sintomáticas, transitorias, más que "fines en sí mismas". Por último, la diversidad inherente al movimiento en cuanto a personas, tendencias ideológicas e historias particulares ("cada okupación es un mundo"), se habrían sobrepuesto a cualquier liderazgo organizativo o a los casi siempre abortados intentos de desarrollar campañas conjuntas y centradas temáticamente (más allá de las exclusivamente antirrepresivas), por lo que resulta más informativo retener esa magra proliferación de cronologías, utopías y eutopías, y discernir en ellas las cualidades que las hacen semejantes y alimentan su cuerpo, en lugar de limitarse a constatar las cantidades que probarían su desarrollo en el tiempo, tímido aunque sostenido.
En conclusión, existen suficientes pruebas como para afirmar la constitución de un movimiento social con progresivo crecimiento en el número de okupaciones, especialmente notable a partir del incremento de su represión penal (desde 1996 en adelante). La práctica de la okupación, tanto de viviendas como de centros sociales, es central en este movimiento, aunque han sido los centros sociales los espacios que más atracción contracultural y conflicto político han generado, al mismo tiempo que, de forma a menudo paradójica, se tendía a infravalorar la prioridad reivindicativa de las necesidades de alojamiento, desde el propio seno del movimiento. No obstante, hay un vínculo estrecho entre ambas modalidades de okupación (ver Fig. 9 y 10) y desde finales de la década de 1980 se ha ido tejiendo un red densa de relaciones sociales de cooperación y auto-organización, presente en todos los momentos críticos de estas formas de desobediencia civil legítima (la entrada en el edificio, el desarrollo de actividades sociales en el mismo, las acciones públicas de protesta y la defensa ante los desalojos, fundamentalmente) (ver Cuadro 2). De forma semejante a lo sucedido en otros países: "No todos los participantes en el movimiento precisan residir en casas okupadas. Existe una ética del hazlo-tú-mismo y una ideología de la auto-determinación. Obviamente, los participantes no suelen tener muchos recursos, pero algunos de ellos son ricos en capital social y cultural, como los artistas y los estudiantes." (Pruijt, 2002). Y, en coherencia con las múltiples diferencias que han existido entre unas okupaciones y otras (incluso en una misma ciudad), entre los distintos proyectos (o, incluso, la ausencia de ellos) y entre los distintos grados de informalidad de las organizaciones y colectivos que han protagonizado las okupaciones, se ha suscitado una clara autoimagen de movimiento difuso, plural, inasible y hasta fantasmático que no debemos menospreciar:
"Casa okupada, casa encantada. Esta consigna okupa incide en el placer que una casa desahuciada, destinada a la especulación o al derribo, puede sentir al verse okupada y devuelta a una vida nueva y libre. (...) Recordemos que por, por meras razones prácticas (espacio disponible, abandono legal, desidia administrativa...), las fábricas vacías han sido okupadas con frecuencia. No discutiré que esos lugares, dotados de muchas posibilidades, pueden ser también incómodos y precarios, y que los colectivos que los okupan están empeñados, al menos en principio, en la resolución de problemas acuciantes y en la autodefensa contra la ley, lo que quizá deje poco tiempo y energía a la ensoñación poética. Pero, una vez más, ¿sólo esto? ¿Permanecerán acaso insensibles a las seducciones fabulosas del espacio imaginario que ahora habitan? (...) Parece que un cierto resplandor gótico contagió la casa de vecinos okupada de la calle Lavapiés, 15 (Madrid) cuando, en el desalojo policial (8.10.1996) l@s okupas que resistían se disfrazaron a la manera de fantasmas inasibles, cubriéndose las caras con máscaras blancas, desapareciendo por los tejados mientras que la policía registraba concienzudamente una casa abandonada." (Rojo, 1998: 27)

Cuadro 2
Dimensiones estructurales-dialécticas de evolución del movimiento de okupación
Fuente: elaboración propia.
De la autogestión doméstica a la subversión urbana
Resulta significativo el hecho de que en varias ciudades españolas que tuvieron experiencias de okupación, algunos de sus activistas o colaboradores eventuales dieran el salto a constituir centros sociales autogestionados pero sin okupar, especialmente en los últimos cuatro años (Xaloc en Valencia, Espai Obert y Arrán en Barcelona, La Màquia en Girona, Ateneu Candela en Terrassa, La Trama y La Revuelta en Zaragoza, A Cova dos Ratos en Vigo, Mil Lúas en A Coruña, Likiniano en Bilbao, etc.). Estos centros sociales tienen el alquiler o la propiedad privada como régimen de tenencia más habitual y no han sido fruto de la legalización de centros sociales ya okupados, por lo que también resulta sobresaliente el hecho de que estas opciones de activismo casi no hayan suscitado críticas desde el mundo de la okupación, al contrario de lo que sí ha sucedido con los intentos de legalización. Mi interpretación de esto último es que es lógicamente inevitable algún tipo de "finalismo" (o centralidad) en la práctica de la okupación: es decir, situar las desigualdades y dominaciones urbanas, entre las que se encuentra la inaccesibilidad a viviendas y espacios públicos de socialización, como un objeto privilegiado y prioritario de denuncia y lucha social mediante la práctica de la okupación, como forma de protesta ante esa situación. Si sólo se tratase de un medio para otro tipo de luchas sociales (o formas de vida) no necesariamente tan ligadas a los bienes, espacios y políticas urbanas, el resto del movimiento no sentiría como una "traición" el que algunas okupaciones consiguiesen mayor estabilidad por medio de la negociación política (aunque deberíamos hacer notar que, de forma casi incongruente, la defensa legal ha sido casi siempre considerada como un medio válido para todos los casos). Es evidente, de forma paralela, que en esas bifurcaciones y conflictos está en juego también una opción radical, desde gran parte del movimiento okupa, por desarrollar una acción política sin ningún tipo de transacción con la política institucional de partidos parlamentarios y autoridades gobernantes.
En la medida en que lo primero (la prolongación de la okupación en centros sociales no okupados) probaría lo enunciado después (la okupación y la política alternativa como objetos principales -o fines- del movimiento de okupación), creo que es posible entender los siguientes tres fenómenos característicos: a) la centralidad de la autogestión doméstica, con distintos estilos de materializarla, en la política alternativa predominante en todo tipo de okupaciones y manifiesta en una amplia modificación de la vida cotidiana; b) la distinción siempre subyacente, aunque no necesariamente contradictoria o problemática en todas las ocasiones, entre la okupación de viviendas y la de centros sociales; c) la mayor probabilidad y ocurrencia de okupaciones en zonas urbanas sometidas visiblemente a una rápida mudanza de funciones e intereses económicos. Veámoslo más claramente con nuevas distinciones conceptuales y con algunos ejemplos que son fruto de las entrevistas y observaciones más recientes que he realizado.
Por una parte, la noción de autogestión será entendida aquí en tanto que respuesta a la ingobernabilidad urbana ya mencionada. Incluso desde antes de practicar la okupación -desde que se prepara la entrada y se investiga la situación de la propiedad, el estado arquitectónico del edificio y su ubicación urbana- ya se inaugura un proceso de autoorganización social que interfiere en la alienación de la vida cotidiana: poner en común deseos y necesidades, vivir situaciones compartidas en la que se genera confianza mutua, analizar y planificar colectivamente las acciones a llevar a cabo, comunicarse, debatir y tomar decisiones consensuadas, comprometerse a asumir tareas especiales, conseguir recursos y materiales básicos que financien el proyecto, solicitar la aportación solidaria de herramientas y de conocimientos técnicos... Pero tal premeditación no siempre es garantía de éxito desde que son posibles los "desalojos cautelares" con el nuevo Código Penal y, en el extremo, se puede llegar a actuar espontáneamente sobre cualquier inmueble que aparentemente se halle fuera de uso. Con frecuencia, en todo caso, son preferidas las propiedades públicas y las edificaciones en decadencia durante largos periodos de tiempo (más de 10 años, pongamos) porque se hacen más directos los mensajes que buscan el reconocimiento legítimo de las motivaciones de la okupación: poner de relieve la ausencia, inacción o complicidad del Estado con las operaciones de especulación urbana; usar lo que a otros les sobra o que abandonan a la espera de obtener mayores plusvalías a través de su transferencia mercantil o de su rehabilitación cuando sea más conveniente a sus intereses.
El momento esencial de los procesos de autogestión es, a saber, la asamblea. La variabilidad reside aquí, principalmente, en tres dimensiones: la frecuencia de su celebración, la cualificación de sus integrantes y los procedimientos empleados en su desarrollo. Las okupaciones de vivienda tienden a reducir al mínimo la frecuencia, pero un baja frecuencia (una vez cada dos meses, por ejemplo) es menos soportable a medida que crece el número de moradores y en todos los casos se valoran como fundamentales (incluso por encima de la asamblea más institucional) los diálogos y conversaciones frecuentes en las cocinas y salas de estar. En la mayoría de centros sociales, por el contrario, rara vez se aceptan frecuencias superiores a los quince días, siendo bastante habitual la celebración de una asamblea general por semana y alguna reunión más de cada comisión.
Si nos preguntamos quiénes están legitimados a intervenir en ellas, la cuestión no reviste mayor dificultad en las casas okupadas que tienen un uso exclusivo como vivienda (sólo los residentes o, en su caso, las personas candidatas a residir, si se ha aceptado previamente su presencia), pero sí en los centros sociales: en ellos a veces sólo participan uno o varios representantes de los colectivos que usan el espacio, a veces sólo miembros de las comisiones de trabajo (de prensa, de mantenimiento, jurídicas, de actividades, etc.), a veces sólo personas a título individual con una constancia demostrada en su implicación con el centro, a veces sólo personas o representantes de organizaciones ajenas al centro social con eventual interés en colaborar, a veces distintas combinaciones de todos esos roles incluyendo, si ha lugar, las personas que viven en alguna dependencia del mismo centro social.
Y con respecto a los procedimientos no podríamos dejar de lado los contenidos de esas asambleas: tal vez la oscilación más manifiesta se puede percibir entre aquellas asambleas rigurosamente formalizadas (preparación previa de un "orden del día", autocontrol del tiempo, moderación de los turnos de palabra, registro escrito de actas, etc.) y las restantes, coincidiendo las primeras, en su forma típica, con el carácter más general o de urgencia de los temas tratados (es decir, con un cariz político: definir el proyecto que se desea seguir en el centro social, adoptar posiciones públicas y estrategias de acción en la calle, decidir cómo actuar ante el desalojo, coordinación con otras okupaciones, etc.) y las segundas con cuestiones menores o de intendencia corriente (limpieza, arreglos, organización de espacios y tiempos para los distintos usos del local, encargos de propaganda, protestas y propuestas varias, etc.). Por supuesto, también existen las viviendas okupadas al estilo "piso compartido" o "apartamento individual" en los que se vive de una forma convencional y sin notorias innovaciones en materia de autogestión social.
Autogestión, como se ve, no es sinónimo de homogeneidad. Es un vector fundamental hacia dentro del colectivo de okupantes, pero también hacia fuera: exhibe un contraste entre distintos centros de socialización existentes en el barrio (gestionados de forma más rígida, profesional, exclusivista o partidista por asociaciones vecinales o por los ayuntamientos, por ejemplo), se convierte en un espacio exclusivo del barrio o de la ciudad donde participar en la organización (y no sólo consumo) de actividades contraculturales y políticas, o se propone como atractor de colectivos (grupos de música, colectivos de teatro, cooperativas de artesanía o de "hostelería", etc.) y de usuarios simpatizantes que coincidan en experimentar la autogestión (precios de las actividades o productos asequibles a todos los bolsillos, horizontalidad organizativa, igualdad en las remuneraciones, etc.) (ver Fig. 11 y 12, y Cuadro 3).
Estos hechos inherentes al movimiento de okupación pueden ser interpretados, sin riesgo a equivocarnos, como amalgama de diversas prácticas sociales de apropiación espacial que, al mismo tiempo y debido a su radicalidad socializadora y comunitarista, denuncian las alternativas disponibles de acceso a bienes urbanos básicos, de comunicación social y de intervención política local. Es decir, sacan a relucir y provocan abiertamente el conflicto social entre proyectos políticos para los espacios urbanos ingobernables: con un origen sintomático en las edificaciones abandonadas y en la autogestión doméstica (de lo privado y lo particular), pero proyectando su crítica al conjunto metropolitano. Un claro exponente, a nuestro juicio, de exploración creativa y dialéctica de potencialidades transformadoras, en términos de Harvey (1996), o de proliferación de diferencias con justicia social, en términos de Young (1990).

 
Cuadro 3
Principales componentes y variaciones de las prácticas de autogestión.
Fuente: elaboración propia.
En segundo lugar, cabe discernir con mayor detalle la trascendencia social de los distintos tipos de okupaciones de viviendas y de centros sociales. Aquí el primer punto crítico sería el que alude a la "reivindicación" pública de la okupación. Antes hemos mencionado que esa reivindicación es un criterio básico para definir el carácter público y visible, por lo tanto político, del movimiento. Pero siendo un criterio indiscutible para los centros sociales okupados, es excesivamente estricto para las viviendas okupadas porque en diversas ciudades (Bilbo, Madrid, Granada, etc.) hemos comprobado que entre las no reivindicadas se encontraba incluido un amplio grupo de personas que colaboraban activa u ocasionalmente con los centros sociales y con movimientos sociales afines a ellos. La causa esgrimida para su no reivindicación se refería, la más de las veces, a la suposición de que podría alargarse más tiempo si se mantenía oculta esa situación a ojos de la propiedad o del vecindario. No se trataba de disminuir su compromiso con la okupación, sino de una táctica puntual que aseguraba la necesidad básica de alojamiento cuando ésta no se podía satisfacer en los centros sociales okupados en los que se participaba.
Reivindicar, en todo caso, tiene una cara disruptiva (cuando se ponen banderas en las ventanas, se pintan las puertas y la fachada, se colocan carteles y escritos o símbolos políticos en los accesos y muros exteriores, se distribuyen hojas informativas en el barrio, etc.) y otra más camaleónica (se habla explícitamente de la situación como okupa en las tiendas, bares o conversaciones de calle, sin ocultar la mayor parte de preferencias y formas de vida, pero buscando una mínima aceptación y complicidad en la comunidad, aunque también se puede llegar incluso a no mostrar ningún signo indicativo del particular régimen de uso de la vivienda que le alberga). Y, a la inversa, los moradores de muchas viviendas reivindicadas externamente como okupadas (por ejemplo, el bloque adyacente al centro social Casas Viejas 2 de Sevilla: Fig. 7) pueden no participar ni coincidir con los grupos de activistas más organizados en el movimiento de los centros sociales: es el caso de artistas, trabajadores, estudiantes o mujeres con descendencia sin tiempo para mayores activismos y compromisos en sus vidas; también el de algunos punks y pies negros que rechazan cualquier tipo de organización, si bien suelen compartir la simbología okupa o anarquista más estereotipada; además se podría añadir el caso de personas dedicadas a la compra-venta de drogas ilegales que tuvieron algún contacto con el movimiento y que se repliegan completamente en su negocio particular, incluso escudándose a veces con un discurso político para justificarlo.
El otro eje relevante se situaría en la vinculación estrecha existente entre viviendas y centros sociales, ambos okupados, cuando coexisten en un mismo edificio. La coexistencia puede haberse dado desde el nacimiento de la okupación o haber sobrevenido ante una necesidad imperiosa de algún miembro de la asamblea del centro social o ante un cambio general de criterios del conjunto de la asamblea. No sería difícil concebir una etapa inicial (hasta mediados de la década de 1990) en la que era harto frecuente encontrar viviendas en los centros sociales (Minuesa en Madrid, por ejemplo) y otra inmediatamente posterior en la que se tendió a una consciente exclusión de toda vivienda de los centros sociales (es lo que nos declararon, por ejemplo, activistas del CSO 190 de Granada). Dos décadas, sin embargo, dan para todo tipo de experimentaciones y, por lo tanto, para una nueva variedad de opciones ante este dilema, sin que pueda establecerse una pauta general para lo ocurrido en el último lustro a este respecto.
En Udondo (gaztetxe de Leioa: Fig. 16), en La Kelo (gaztetxe de Santutxi) o en el Laboratorio 03 (de Madrid) se han admitido residentes eventuales sobrevenidos de otros desalojos y que participaban activamente en dichos centros sociales. Pero cuando el número de residentes es elevado (como aconteció, por ejemplo, en el Laboratorio 2 de Cabestreros, o en La Hamsa, en Barcelona) suele hacerse necesaria la independencia entre la asamblea de la "casa" y la del centro social, aunque se reclame a representantes de la vivienda a la última asamblea cuando advienen circunstancias que afectan a todos (necesidades de mejoras en las infraestructuras del edificio, amenazas de desalojo, agresiones externas, robos internos, etc.). No obstante, la propia disposición del edificio puede indicar la mayor o menor dependencia entre ambas modalidades de okupación: el aislamiento físico en distintos pisos, la clausura con puertas y cerraduras sólo en posesión de los residentes, la separación en distintas estancias o construcciones dentro del mismo solar, etc. contribuyen a evitar el principal problema de intromisión del conjunto de la vida social en la vida particular de los residentes (teniendo que abrir las puertas del centro social a cualquier hora y a cualquiera, soportando los ruidos del bar o la música no deseada de conciertos, encontrándose con perros o personas desconocidas que pasan por sus habitaciones, etc.).
Expliquemos, en tercer lugar, la más incisiva intervención urbana que suponen las okupaciones en los barrios y zonas urbanas en las que se ubican. Esta cuestión nos obliga a remitirnos a las planteadas inicialmente: ¿aprovechan las okupaciones las oportunidades de áreas urbanas "retrasadas" en los procesos de reestructuración? ¿denuncian abiertamente esos procesos, los subvierten o producen algún tipo de efecto no deseado que los acelera o perfecciona? La investigación en este punto tropieza con numerosas dificultades, entre las que sobresale la imposibilidad de analizar todas las zonas urbanas en las que hemos registrado okupaciones reivindicadas (o creadoras de movimiento, en el sentido de las puntualizaciones ya expuestas). Por eso recurro de nuevo a estimaciones cualitativas: fábricas abandonadas aguardando un cambio de uso, edificios antiguos en centros urbanos históricos escasamente rehabilitados, edificaciones localizadas en zonas afectadas por planeamientos de renovación urbana o por la construcción de infraestructuras de transporte... han marcado una tendencia general reveladora de la asociación propuesta entre okupación y reestructuración urbana.
Pero son abundantes las excepciones como para dejar de lado su contribución: a veces son las simples rencillas o descoordinación entre los miembros de la familia que hereda el inmueble okupado, lo que facilita su continuidad, independientemente de su localización urbana; otras veces son las características del inmueble las que animan a su okupación, como fábricas o naves idóneas para conciertos y actividades contraculturales, pero que se hallan en complejos fabriles estables (ese fue el caso de La Nevera en Madrid, por ejemplo), en barrios residenciales de reciente construcción (La Guindalera en el barrio de Prosperidad, también en Madrid) y sin posibilidad de tejer una red social con otras okupaciones próximas o con colectivos del barrio, o a distancias considerables de la ciudad y sin transporte público que impide una constancia en la actividad y en la afluencia social (como, según nos informaron, la nave okupada sólo para conciertos en las afueras de Zaragoza).
Cada edificación okupada, no obstante, posee su particular expediente administrativo, habitualmente lleno de vericuetos. Resulta singular, por ejemplo, el caso de los antiguos colegios que quedaron obsoletos por su inadaptación física a las exigencias de la nueva legislación educativa (es el caso del edificio okupado por el centro social S'Eskola en Palma de Mallorca y, tal vez, el de la calle San Agustín en Zaragoza y La Kelo en Santutxi), o que, simplemente, pasaron a integrarse en planes de remodelación urbana que les instaban a desaparecer (como el previsto acondicionamiento de la ribera del Ebro en Zaragoza, afectando a la okupación conocida como Casa del Río). En otras ocasiones se trata de instalaciones públicas con una privilegiada localización central en la ciudad pero cuyas funciones y personal han sido desplazados a otras más modernas: estos serían los casos, por ejemplo, de los cuarteles militares donde se encuentra La Kasa de la Muntanya en Barcelona, de los laboratorios del Ministerio de Agricultura abandonados en el barrio histórico de Lavapiés en Madrid, okupados por el primer Laboratorio como centro social, del edificio de la Bolsa de Bilbao en pleno casco viejo que albergó la primera iniciativa de centro social en aquella ciudad...
Los antiguos cuarteles de Barreiro en Vigo o la fábrica La Maret en Salt (provincia de Girona) serían paradigmáticos, por el contrario, de localizaciones periféricas con respecto a los núcleos poblacionales y con muy desiguales resultados en cuanto a duración (unas semanas en el primer caso y unos 5 años en el segundo). El aumento progresivo de viviendas okupadas en zonas periurbanas de Barcelona, por ejemplo en torno al parque de Col.Serola (Can Pasqual, La Santa, Can Pi, etc.), ha propiciado también un nuevo modelo de asentamiento okupa que mantiene constantes vínculos con las okupaciones más céntricas de la ciudad al mismo tiempo que comienza a generar actividades de socialización y de intervención local propias. Vetustas instalaciones ferroviarias, modestas y deterioradas construcciones universitarias, propiedades eclesiásticas acumulando mugre o edificios de viviendas que no consiguieron su correspondiente licencia de primera ocupación por irregularidades constructivas, constituyen otras tantas categorías de la abultada casuística de okupaciones a lo largo de todo el territorio estatal.
Afirmamos, en todo caso, que si bien todas las okupaciones aprovechan de una manera u otras las especiales condiciones jurídicas, arquitectónicas y urbanas de los inmuebles objeto de reapropiación, la mayoría de los centros sociales okupados han tendido a ubicarse en zonas especialmente retrasadas en su incorporación a la reestructuración urbana y económica de mayor calado. Los centros históricos de grandes ciudades como Madrid (tanto Lavapiés como Tetuán), Valencia (el barrio del Carmen y, con sus peculiaridades, Ruzafa o Zaidía), Sevilla (la Alameda de San Luis y el entorno del Pumarejo en La Macarena), Barcelona (tanto el Raval o Ciutat Vella en general, como, con sus peculiaridades, Sants o Gràcia) o Málaga (donde radica la Casa de las Iniciativas) o, simplemente, los espacios centrales de poblaciones más pequeñas (Palma de Mallorca, Vigo, Vitoria-Gastéiz, Pamplona-Iruña, Santiago de Compostela, Gijón, Terrassa, Banyoles, Móstoles, etc.) han conocido okupaciones incluso años antes de que comenzasen las operaciones más ambiciosas de rehabilitación, en aquellos lugares donde se han producido (ver Fig. 13). La reconversión industrial de las coronas metropolitanas de Bilbao, Barcelona o Valencia, por ejemplo, habrían dejado vacías numerosas edificaciones, tanto residenciales como fabriles, que son okupadas de forma paulatina y con mutuas relaciones entre sí, también susceptibles de entrar en conflicto abierto con los nuevos proyectos de renovación urbana (en el Poblenou de Barcelona, por poner un caso, desde los fastos de 1992 hasta los previstos para el 2004; o los violentos enfrentamientos acaecidos con la apertura de una avenida en El Cabanyal en Valencia o por la extinción "por decreto" de las huertas de La Punta, en la misma ciudad, para edificar nuevas áreas residenciales).

 
Cuadro 4
Localizaciones urbanas de las okupaciones
               Tendencia general                                                
CENTROS HISTÓRICOS Y URBANOS                               
ÁREAS DE RECONVERSIÓN INDUSTRIAL Y FÁBRICAS O INSTALACIONES DESLOCALIZADAS     
ZONAS DE RENOVACIÓN URBANA CON "GRANDES ESCUELAS, CUARTELES, RECINTOS PROYECTOS" TERCIARIOS O RESIDENCIALES                   
Diversidad de casos
BARRIOS PERIFÉRICOS O RECIENTES
NAVES INDUSTRIALES AISLADAS Y/O PERIFÉRICAS
IGLESIA, INSTALACIONES FERROVIARIAS
EDIFICIOS DE VIVIENDAS SIN LICENCIA
 Fuente: elaboración propia.
 
Por lo tanto, una vez descrita la pauta y la complejidad de estas intervenciones urbanas (ver Cuadro 4), sólo resta pergeñar su sentido. En efecto, los dossieres de prensa y la documentación que algunas de estas okupaciones han elaborado evidencian una permanente voluntad de denuncia tanto de las intenciones especulativas de cada propietario afectado, como de las políticas urbanas municipales en la zona donde arraiga la okupación. Campañas particulares sobre la inaccesibilidad a la vivienda en la ciudad (como la llevada a cabo en Vitoria-Gasteiz y en Deusto escribiendo por doquier el número de viviendas vacías existentes) o sobre los principales defectos y carencias urbanas del barrio (como la desarrollada por el Laboratorio 03 y la Red Lavapiés con la llamada "revista kaminada") han preocupado ocasionalmente a estos activistas. Las irrupciones en plenos municipales o en empresas inmobiliarias (o incluso, alguna vez, dejando la huella de lunas rotas en estas últimas) también se integrarían dentro de las acciones por hacer emerger el conflicto urbano. Pero aquí no podemos defender la "centralidad" de estas críticas en el conjunto de acciones de protesta del movimiento de okupación. Es, más bien, una centralidad por defecto: la lucha por defender el espacio okupado y por comunicar socialmente el uso creativo del mismo, hace que la principal intervención urbana ocurra alrededor del propio hecho de okupar y del modelo de vida urbana proyectado desde los espacios okupados. La subversión urbana se desata desde la agregación de colectivos, personas y proyectos en un indeterminado flujo de actividades de discusión, protesta, solidaridad y diversión. Es, como ya se ha apuntado, un movimiento de movimientos, donde caben muchos temas y preocupaciones, no sólo las exclusivamente urbanísticas, aunque éstas tienden a ser olvidadas, subordinadas o tratadas de forma muy convencional, por el resto de movimientos sociales, tanto por los más novedosos y juveniles como por los tradicionalmente vecinales (ver Fig. 14, 15 y 17).
Y, por último, no es posible percibir en el Estado español que se hayan producido efectos no deseados de las okupaciones, como recortes en las, ya de por sí parcas, políticas públicas de vivienda o la aceleración de procesos reestructuradores (tanto para liberar lo antes posible los solares okupados y estimular la concesión de licencias de nueva edificación, como para liberar a las instituciones estatales de la provisión de servicios sociales como la alfabetización de inmigrantes o la promoción de la cultura popular), tal como se ha sugerido para otros países (Priemus, 1985; Lowe, 1986; Gomma Guarneri et al., 1996; Pruijt, 2002). Más bien al contrario: tanto en aquellos casos en los que tras sucesivos desalojos se ha optado por alquilar o comprar locales para establecer centros sociales "no okupados", como en aquellos en los que se ha promovido algún tipo de negociación política con las autoridades (o con la propiedad privada, que de todo ha habido), podemos asistir a una clara dilación en el tiempo de las soluciones a los espacios okupados (negociar, a menudo, es sólo una táctica para demorar el desalojo) y a una continuidad de las luchas y protestas públicas que incluso se acentúan cuantos más ataques recibe la okupación, con la consiguiente merma de legitimidad para los agresores. Dejemos la puerta abierta, no obstante, a la indagación acerca de las motivaciones y acciones que estén detrás de la prevención y eliminación de experiencias de okupación por parte de las autoridades, por cuanto su opacidad confunde la pura represión y el oportunismo.
Conclusiones
Proponíamos inicialmente examinar la importancia de las viviendas okupadas y de la localización urbana de todo tipo de okupaciones (viviendas y centros sociales) para entender tanto el sustento social de este movimiento como sus capacidades de intervención urbana. El argumento, más explícitamente, consistía en que una vez determinado el contexto urbanístico que ha rodeado la evolución del movimiento de okupación en las ciudades españolas, podríamos valorar el carácter políticamente alternativo de las acciones directas y de desobediencia legítima que se plantean desde las okupaciones. Para ello, por último, sugerí la necesidad de considerar las prácticas de autogestión comunes a todo tipo de okupaciones, las redes de relación social que se establecían -primaria aunque no exclusivamente- entre activistas de casas okupadas y de centros sociales okupados, y la importancia de las críticas a las políticas urbanas locales vertidas desde el movimiento okupa.
Por una parte, pues, se ha demostrado que el contexto urbanístico relevante en relación con las okupaciones abarca fenómenos de reestructuración urbana en las dos últimas décadas con mayor privatización y segregación espacial, con impactantes operaciones de renovación de infraestructuras y funciones económicas de las ciudades, así como con profundas crisis laborales y de acceso al disfrute de un alojamiento básico debido, entre otros factores, a las notables dinámicas de especulación inmobiliaria que se han hecho sentir en los años finales de cada década.
Por otra parte, hemos puesto de relieve que el movimiento de okupación va medrando paulatinamente a partir tanto de su intervención en esas temáticas urbanísticas (después de cierta desidia o de un tratamiento muy convencional por parte del movimiento vecinal heredado), como de su atracción a diversos movimientos sociales y colectivos juveniles. Es algo evidente en los discursos de legitimación y crítica derivados del movimiento (por el derecho a la vivienda y a locales sociales autogestionados, por la crítica a la especulación inmobiliaria y a planeamientos urbanos economicistas, etc.), pero también en la reacción penalizadora que se cierne sobre este tipo de prácticas a partir de 1996, que, para pesar de sus instigadores y administradores, no consiguen erradicar la inercia consistente que ya había adquirido el movimiento.
Por último, he elaborado una exhaustiva categorización de la diversidad existente de formas de autogestión y de relaciones entre viviendas y centros sociales okupados, de forma tal que se pueden percibir los nexos asamblearios de la mayor parte de experiencias y la flexibilidad de una red social que comprende a colectivos sociales de ambas modalidades, entre otros simpatizantes y colaboradores, con el ánimo de hacer proliferar las actividades contraculturales y las acciones públicas de protesta que proponen como modelos alternativos de vida urbana. La misma variedad de situaciones y localizaciones de los inmuebles okupados no puede ocultar una tendencia a constituir comunidades de autogestión social en zonas urbanas con cierto retraso en los procesos de reestructuración apuntados antes en la definición del contexto urbanístico (especialmente barrios históricos, áreas de reconversión industrial y zonas de renovación destinadas a grandes proyectos urbanísticos del sector terciario o residencial).
En definitiva, parece existir evidencia suficiente para afirmar que se trata de un movimiento que entra de lleno en las problemáticas urbanísticas: tanto en las escalas micro como en las macro, tanto en una vertiente constructiva como en otra crítica, tanto por la apropiación y mantenimiento de los espacios okupados como por la denuncia de la especulación y de la reestructuración urbanas. Es decir, un movimiento que plantea alternativas de vida urbana desde la diferencia y diversidad de movimientos sociales que se cruzan en las okupaciones. En ese sentido creo que una buena caracterización de este tipo de movimientos sociales se encuentra en un elocuente texto de Michel Foucault que los concebiría como luchas anárquicas, transversales e inmediatas, que "critican las instancias de poder que les son más próximas", que "no creen que la solución a su problema pueda radicar en un futuro", que afirman el derecho a la diferencia individual a la vez que "se enfrentan a todo lo que pueda aislar al individuo", que "se oponen al gobierno por la individualización" y, por lo tanto, a un orden urbano esencialmente policial y mercantil  (Foucault, 1982).
O, para concluir ya, y aunque no se trate éste de un movimiento esencialmente articulado por la condición trabajadora de sus miembros, tal vez puedan ser esclarecedoras las siguientes palabras de Raúl Godoy, trabajador de la fábrica argentina okupada Zanon -en una intervención en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, 2002- para comprender las raíces profundas de la okupación: "A ningún patrón ni a ningún gobierno les conviene, ni les gusta, que los trabajadores demuestren lo que son capaces de hacer. Porque en última instancia, queda el rey desnudo, y se nota quiénes son los parásitos y quiénes son los que mueven la economía de un país. La unidad entre los trabajadores tiene que ser algo concreto, y ése es el proyecto que tenemos."
 
Nota
(1) Mi agradecimiento a todas las personas de casas y centros sociales okupados que me han abierto sus puertas y sus bibliotecas, además de haber compartido generosamente su tiempo y compañía, o, en algunos casos, haber soportado estoicamente mis interrogatorios. También a las distribuidoras alternativas, librerías y centros sociales no okupados que me han invitado a debatir sobre la okupación, ayudándome a la vez a contactar con activistas de cada ciudad y a visitar los espacios que alguna vez estuvieron okupados con hálitos de libertad. Este trabajo, por lo tanto, contiene muchas ideas e informaciones de todos ellos (Patric, Lèlia, Tomás, Oscar, Joan, Enric, Teté, Sergio, Pablo, Joaquín, Marta, Gonzalo, Fernán, Jordi, Jorge, Nacho, Nati, Ferrán, Pau, Jesamí, Carlos, Pasqui, Chema, Marina, Antonio, María, Arrate, Sonia...), aunque la argumentación principal, la redacción y los desatinos en que se haya podido incurrir son exclusiva responsabilidad de quien firma. Este estudio, por último, no se integra en ningún proyecto de investigación financiado por ninguna institución pública ni empresa privada, ni se puede considerar una propiedad intelectual absoluta de su autor, por lo que se recomienda y autoriza su reproducción citando la procedencia siempre que no sea con fines lucrativos.
 
Bibliografía
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Ficha bibliográfica:
MARTÍNEZ, M. Viviendas y centros sociales en el movimiento de okupación. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2003, vol. VII, núm. 146(109). [ISSN: 1138-9788]

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