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No hay nada mas dificil que no engañarse a uno mismo.

QUINCE AÑOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN MÉXICO

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QUINCE AÑOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN MÉXICO
Pere Sunyer Martín
Centro Tecnológico, FES-Aragón
Universidad Nacional Autónoma de México
Ana E. Peña del Valle Isla
International Human Dimensions Programme on
Global Environmental Change (Bonn, Alemania)

Quince años de desarrollo sostenible en México (Resumen)
Los conceptos de desarrollo sostenible y sostenibilidad han tenido una honda repercusión en las políticas ambientales nacionales e internacionales a raíz de su divulgación en 1987 con el informe Nuestro futuro común de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el desarrollo, pero sobre todo a partir de la Cumbre Internacional sobre el mismo tema celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992, hace ahora algo más de quince años. La simplicidad y ambigüedad de su definición la convirtió en objeto de las críticas de grupos ambientalistas y de partidos de la izquierda. Sin embargo, trascendió como el punto de partida para definir las esperanzas y deseos de la sociedad y de las políticas ambientales gubernamentales de los diversos países del mundo. En este trabajo, queremos hacer un seguimiento de la incorporación de la sostenibilidad a las políticas desarrolladas en México desde la inclusión de este concepto en el orden jurídico mexicano en 1996. A pesar de que los valores de los indicadores ambientales existentes no permiten gran optimismo, en el sector de la energía, México parece tener un prometedor y sostenible camino.
Palabras clave: Desarrollo sostenible, Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas, Indicadores de Sustentabilidad Ambiental.

Fifteen Years of Sustainable Development in Mexico (Abstract)
The concepts of sustainable development and sustainability have had a sound influence upon national and international policies on environment since the United Nations Commission on Environment and Development presented the report Our Common Future in June 1987. However, over the last 20 years, the original definition of sustainable development has raised many critics by diverse environmental sectors and left-wing parties, which have described it as simple and equivocal. Aside from these critics, sustainable development has succeeded as starting point to define current social wills and aims, as well as to articulate environmental policies and governmental institutions. In this article, we want to follow the development of sustainable policies in Mexico since its early incorporation, in 1996 in the environmental legality. Despite of the non-optimistic Environmental Sustainability Index values, Mexico Power policies seem to follow the way to sustainability.
Key-words: Sustainable Development, Environmental and Economic System Account, Environmental Sustainability Index.

Uno de los temas que encajan casi a la perfección en la convocatoria del X Coloquio Internacional Geocrítica “Diez años de cambios en el mundo, en la Geografía y en las Ciencias Sociales” es el del medio ambiente[1]. En particular, destaca el protagonismo que ha adquirido en estos últimos quince años el término de desarrollo sostenible, y junto con él el de sostenibilidad o sustentabilidad, desde la Cumbre Internacional sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro (Brasil), de junio de 1992, más conocida como Cumbre de Río’92[2].
Propuesto desde hace algo más de veinte años a raíz de la publicación en 1986 del informe Nuestro futuro común de la Comisión de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (también denominada Comisión Brundtland), el desarrollo sostenible se ha convertido en punto de partida de las políticas ambientales que se están desarrollando en todos los niveles, de manera que, sobre todo desde 1992, raramente se encontrarán proyectos de cualquier tipo –urbanísticos, de ordenación y planificación territorial, de desarrollo económico, entre muchos otros—, que no incluyan la “sostenibilidad” en su justificación y objetivos.
Lo loable de su definición, que las futuras generaciones tengan las mismas opciones de desarrollo, sino más, que las generaciones presentes, se ancla en la comprensión unívoca del  concepto de desarrollo, en la ambigüedad del de necesidad y en una supuesta solidaridad diacrónica, tres de los pilares en los que se funda también la crítica: ¿Qué se entiende por desarrollo?, ¿Cuáles son las necesidades básicas?, ¿Son generalizables?, ¿Serán las mismas las necesidades de las generaciones futuras que las de las actuales?, ¿Cómo ser solidarios en el tiempo, sino lo somos con las generaciones presentes? A estas preguntas se añaden otras críticas a los argumentos defendidos por la Comisión de culpar a la pobreza como principal agente del deterioro del planeta, basar en el crecimiento económico la solución de los problemas ambientales y pretender mantener las pautas de producción y consumo a pesar de lo que supone esta actitud en la preservación de los recursos existentes.
Sin embargo, como bien ha puesto de manifiesto José Manuel Naredo (2006), contrariamente a lo que podría suponerse por las críticas desplegadas, el término ha resultado ser impermeable a ellas, ha sido reinterpretado, mal que bien aceptado, y, finalmente, ha servido para orientar las políticas ambientales de una parte importante de los países del mundo y la agenda de trabajo internacional en temas que superan el ámbito ambiental.
La adaptación del desarrollo sostenible a la realidad jurídica de los diferentes países del mundo no ha estado exenta de dificultades, pues obligaba a traducir la ambigüedad en algo palpable, mensurable o perceptible. Máxime cuando según el mencionado informe y el documento titulado Agenda 21, aprobado en la Cumbre de Río, el desarrollo sostenible no era tanto una meta como un camino a seguir. En este sentido, diferentes organismos e instituciones, públicas y privadas, nacionales e internacionales, se aprestaron a valorar mediante indicadores el camino seguido hacia la ansiada sostenibilidad. El más conocido es el Environmental Sustainable Índex, diseñado por investigadores de la Universidad de Yale, aunque también hay otros, como el de la “Huella ecológica” que calcula la Ecological Footprint Network.
En México el concepto de desarrollo sostenible y el de sostenibilidad fueron incorporados en 1996 en la reforma del texto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de diciembre de 1987 (Diario Oficial de la Federación –D.O.F.,—, 28 de enero de 1988). Ésta, que puede considerarse la primera ley del medio ambiente de México, como tal, a pesar de que previamente se había aprobado legislación al respecto[3], representó una profunda modificación a la forma de concebir los temas ambientales desde el punto de vista gubernamental que afectó, en primer lugar, la concepción tradicional de lo que debía ser una secretaría o ministerio del medio ambiente; pero también la relación de ésta con las otras secretarías, y éstas, a su vez, con el concepto de ambiente. También se introducía en la ley reformada una nueva concepción del papel que debe de cumplir el Estado para con los problemas del medio ambiente; una idea más acorde con el proceso de desregulación que se venía propiciando desde la ronda de Uruguay, de reducir a lo mínimo la intervención del Estado.
Sin duda, en la reformulación de la ley tuvieron gran influencia varios acontecimientos que deben de tenerse en cuenta en estos “quince años de desarrollo sostenible” con que titulamos este trabajo. En primer lugar, la Cumbre de Río de 1992, año en que se consagró el concepto ya citado de desarrollo sostenible y que nos sirve como punto de arranque de este estudio. Por otro lado, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés) el 20 de diciembre de 1992 que está condicionando la relación de México con Estados Unidos y Canadá y afectando su estructura económica tradicional. Finalmente, la incorporación de México, como país de pleno derecho a la Organización de países para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año de 1994.
En este trabajo queremos revisar los cambios que se han experimentado en México, desde 1992 hasta 2007 en relación con la inserción del país en la vía de la sostenibilidad. Son transformaciones que van gestándose previamente a la presidencia de Ernesto Zedillo, en diciembre de 1994, y que tienen dos importantes fundamentos en el mayor relieve de México en el ámbito internacional, como socio del TLCAN y de la OCDE.
Las características del tema demandarían abordar cada uno de los aspectos que debe comprender el medio ambiente, desde las condiciones del medio físico y biológico hasta los aspectos sociales, económicos y culturales, y examinar las políticas e iniciativas emprendidas por el gobierno federal y las entidades estatales al respecto. Hacerlo así conduciría a una extensión excesiva este trabajo y a un esfuerzo desmesurado para los fines de una comunicación. Por este motivo, nos basaremos en los resultados obtenidos por los indicadores citados para mostrar la situación de México en su camino hacia la sostenibilidad, y dedicaremos particular atención al sector energético en el que este país es una potencia, tanto por sus reservas fósiles (petróleo y gas natural) como por el potencial en energías renovables, y en el que creemos que radica una parte en nada despreciable de la política de sostenibilidad nacional.
El marco del medio ambiente en 1992
El 4 de junio de 1992 fue un día relativamente importante desde el punto de vista de las actuaciones políticas en pro del medio ambiente en México. Con esa fecha salió publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.,) el Reglamento de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), sucesora de la de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE)[4], por el que se creaban varios organismos desconcentrados, entre ellos, dos que iban a perfilar las políticas ambientales que han tenido vigencia hasta nuestros días en México. Se trataba del Instituto Nacional de Ecología (INE) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). El primero tenía en su poder una amplia serie de instrumentos que le han permitido efectuar una reforma profunda de la manera de abordar los temas ambientales hasta el momento; la segunda debía ejercer, entre otras funciones, a modo de ombudsman del medio ambiente, el defensor del pueblo en estas cuestiones[5]. Previamente, se había creado, en marzo de ese mismo año, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), una comisión intersecretarial destinada a la generación de un inventario cualitativo y cuantitativo de la riqueza en flora y fauna de México, con capacidad para la investigación científica, pero también para asesorar y promover proyectos para el uso y aprovechamiento de los recursos biológicos del país.
El anuncio de la creación de tales organismos lo hizo el recién estrenado mandatario de esa Secretaría (Ministerio), Luis Donaldo Colosio, tras la finalización de la Cumbre de Río, y si bien se podía entender como una respuesta del gobierno de Salinas de Gortari a los acuerdos de tal conferencia, en realidad, deben interpretarse como guiños políticos del gobierno mexicano a los sectores opuestos a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), tanto externos como internos. Entre los primeros estaban grupos empresariales y activistas del medio ambiente de Estados Unidos, quienes veían en México un serio competidor por su laxa política ambiental[6]. En cuanto a la oposición interna, la posibilidad de llegar a un acuerdo comercial trinacional, desató una fuerte oposición por parte de los partidos y sectores intelectuales de la izquierda. Su impacto en el campo y en el tejido industrial nacional era lo que más preocupaba. En particular, el primero, pues México contaba, entonces y ahora, con un campesinado en desventaja, carente de medios para competir con otros sectores agrícolas, tanto del propio país como de Estados Unidos, básicamente; con apoyos gubernamentales menguantes; anclados a formas de vida y conocimientos del mundo ancestrales, ampliamente vinculadas al entorno, a su calidad y a sus paisajes; sometidos al devenir comercial de los cultivos tradicionales básicos en su dieta, como el maíz y el frijol, y con un negro panorama ante la completa liberación, en 2008, de la comercialización de los productos agrícolas[7].
Así pues, el camino de México hacia el desarrollo sostenible que anunciaba Colosio estuvo condicionado, desde el primer momento, por los compromisos y obligaciones internacionales, más que por los internos, aunque también pesaban. Y podría decirse que se inició en 1 de enero de 1994 con varios hechos tanto de orden internacional como del nacional: la entrada en vigor del TLCAN, la incorporación de México como Estado miembro de pleno derecho en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en esa misma fecha. A estos factores externos, se debe añadir el alzamiento en el estado de Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, también en 1 de enero de 1994, clara respuesta, entre otras cosas, a la apuesta de los gobiernos federales mexicanos por una mayor inserción en la globalización, un año más tarde con una crisis económica muy severa. Todo ello tuvo que ser asumido por el nuevo gobierno del presidente Ernesto Zedillo (1995-2000).
La nueva presidencia se estrenó, prácticamente, con la creación el 28 de diciembre de 1994 de una Secretaría dedicada a aquellos sectores que, con excepción del agrícola, tuviera que ver con la explotación de los recursos naturales renovables, la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), otra de las instituciones clave en el trayecto de México hacia la sostenibilidad[8].
El camino hacia la sostenibilidad: de lo ecológico a lo ambiental
Los cambios institucionales que empiezan a darse en 1992 representan la parte administrativa del camino de México hacia la sostenibilidad que culmina, en una primera etapa, con la creación de la SEMARNAP. La transformación más de fondo debía ser conceptual. Se trataba de superar una concepción que denominaremos “ecológica” de entender los problemas del medio ambiente por otra que contemplara su dimensión social, económica y cultural. En este sentido, que en 1992 hubiera un traspaso de los temas ambientales de una secretaría como SEDUE, con sendas subsecretarías dedicadas a los problemas del crecimiento de los asentamientos humanos y a los de ecología, a otra como SEDESOL, en el que convivían además de estos temas, los proyectos de desarrollo social (como el Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL), entre otros, no deja de ser un paso relevante.
Ya en México había habido, en los años setenta, una cierta sensibilidad hacia otra concepción del medio ambiente más amplia que la que luego prevaleció. De hecho, una de las solicitudes del bloque de países del Tercer Mundo para participar en la Conferencia sobre el medio Humano de Estocolmo (Noruega), en 1972, era que se ampliara la definición de medio ambiente, además de los problemas ecológicos y de la calidad de los medios, a los problemas económicos y sociales del desarrollo (Székely, 1977; Lane, 1998). Sin embargo, acabó dominando el debate el informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts para el Club de Roma, Los límites del crecimiento, y la necesidad de un crecimiento cero en las economías del mundo.
En esos mismos años, la principal preocupación ambiental en México estaba claramente sesgada hacia la contaminación del aire, el problema de la calidad del suministro de agua, y los del crecimiento urbano de las grandes ciudades, México D.F. básicamente (IMERNAR, 1971). La excesiva industrialización y el aumento del transporte, en un entorno físico no muy favorable a la dispersión de contaminantes del aire, como es la cuenca de la ciudad de México, junto con un notable incremento en la migración del campo hacia la capital, hicieron que la política ambiental se ciñera a los temas de salud[9]. No en vano la primera norma de carácter ambiental fue la Ley Federal para Prevenir y controlar la contaminación ambiental (D.O.F., 23 de marzo, 1971) emitida por la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia en la que se establecían medidas de control de la contaminación atmosférica, de la contaminación de agua y de los vertidos al mar[10]. Un carácter parecido tuvo la que se publicó diez años más tarde, la Ley Federal de Protección al Ambiente (D.O.F., 11 de enero de 1982), de la misma Secretaría.
La aprobación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en diciembre de 1987 (D.O.F., 28 de enero de 1988) fue un cambio cualitativo en la concepción administrativa del medio ambiente. A pesar de que seguía siendo una norma de carácter “ecológico”, reflejado en su título –un circunloquio que evita el término de medio ambiente— y que utiliza profusamente el concepto de “ecología” y de “ecológico”, tiene algunos elementos que la modernizan. Los principales: agrupar en una única norma los elementos de conservación de especies y ecosistemas, el ordenamiento del uso del suelo y la gestión de los recursos naturales; incorporar instrumentos de prevención de la contaminación y del deterioro ambiental, entre ellos los Estudios de Impacto Ambiental, las Normas técnicas para el control de emisiones, de funcionamiento y operación de actividades consideradas de riesgo a la salud y al ambiente, el fomento de la investigación y la educación ecológica; y fomentar la participación social, en aplicación de los criterios del llamado Sistema Nacional de Planeación Democrática, basado en la Ley de Planeación (1982), y en la denuncia popular; así como la voluntad de coordinar la acción de los diferentes niveles de la administración pública (Federación, Estado y Municipio) en los puntos anteriores.
No fue, sin embargo, hasta la reforma de esta ley, en 1996, que adquiere la LGEEPA tintes verdaderamente modernos en la concepción del medio ambiente y en la forma de abordar los temas ambientales (D.O.F., 13 de diciembre, 1996)[11]. Se observan cambios sustanciales en la propia concepción de la norma ambiental, en el que la ampliación del concepto de “ambiente” y la incorporación del término y del concepto de “desarrollo sustentable” en el texto son algo más que meras anécdotas. El primero se amplía con respecto a la LGEEPA de 1988 y pasa a ser definido como “el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hace posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados” (LGEEPA, 1996, Art. 3.I)[12]. Los elementos artificiales producidos por el ser humano estaban, pues, en las mismas condiciones de igualdad que los otros dos elementos, los naturales y los naturalizados. Con ella, se aproximaba considerablemente a las definiciones propuestas por autores especializados en esta temática[13].
Por su parte, en 1988 el concepto “sostenible” se emplea tímidamente en el capítulo IV dedicado a Política ecológica. Hay una breve referencia a la necesidad de asegurar “una productividad óptima y sostenida, compatible con [el] su equilibrio e integridad” (LGEEPA, 1988, Art.15.2) de los ecosistemas y sus elementos, y se menciona que la responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las condiciones presentes como las que determinarán la calidad de vida de las futuras generaciones. (LGEEPA, 1988, Art.15.4. Subrayado nuestro). Fuera de estos párrafos no existe otra apelación al término.
Más tarde, consagrada la Cumbre de Río’92 al desarrollo sostenible, de alguna forma los diversos países que se comprometieron en la Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo (ONU, 2005) y en la Agenda 21 debían incluir en sus leyes o normas ambientales esta nueva visión. Y así hizo México como discípulo aventajado.
Con tales argumentos, sin embargo, no se trataba solamente de promover una actitud hacia el entorno y sus elementos. Una lectura detenida de la Agenda 21 (ONU, 1992) nos muestra una serie de directrices de carácter más económico que propiamente ambiental en el que se ratifica el nuevo orden dominante tras la caída del muro de Berlín y se hacen explícitos varios requerimientos para llegar al desarrollo sostenible: un ambiente económico dinámico; eliminación de las barreras que restringen el acceso a los mercados; la necesidad de acabar con la ineficiencia productiva, son algunas de las ideas que se mencionan. Se quería transmitir la idea de que el desarrollo sostenible no era una meta a alcanzar, sino un nuevo marco que había de regir la vida económica (y, en consecuencia, ambiental) de los países del mundo y que de la estricta aplicación de los principios plasmados en la Agenda se estaría en él[14].
Con las “reformas, adiciones y derogaciones” de la LGEEPA, el gobierno mexicano de Ernesto Zedillo no hace sino que proseguir un camino iniciado con la rúbrica del Tratado de Libre Comercio de diciembre de1992, y que continuará con tantos otros acuerdos comerciales que se fueron firmando con posterioridad a esa fecha[15] ¿Quién iría a sospechar que el camino de la sostenibilidad pasaba por apegarse a las sugerencias de la Ronda de Uruguay?. La nueva LGEEPA incorporaba muchos de los avances en materia ambiental expuestos en la Agenda 21 y resumidos en la Declaración como, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo, la salud y el bienestar de las personas (Art. 1.1. LGEEPA)[16], así como la necesidad de fomentar la participación social y considerar a las mujeres y a los grupos o comunidades indígenas en la “protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales” de una forma sustentable –que también tiene su lectura desde el punto de vista de la economía—, pero también introduce otras medidas acordes a los principios del libre mercado: el apoyo a la producción eficiente mediante la aplicación de instrumentos económicos; la necesidad de promover la educación ambiental, en aras de involucrar a todo la estructura social en este nuevo modelo y; el derecho a la información ambiental.
De esta manera, la LGEEPA de 1996 incorpora, no solamente una forma de entender el medio ambiente, sino también los principios económicos que deben de primar en la relación de la sociedad con la naturaleza, en general, y con el medio ambiente en particular. La relevancia que se le da a los instrumentos económicos, ya sea mediante mecanismos de mercado, fiscales o financieros, así como la presencia de otros que favorecen la autorregulación ambiental (las normas técnicas –Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas—, la Evaluación de Impacto Ambiental, así como las Auditorías ambientales) nos habla de una Ley que ha entendido la necesidad de que el Estado no esté presente, tampoco, en la regulación del medio ambiente sino que queda al margen esperando que el propio mercado sea quien establezca los límites asociado a esa educación ambiental, al derecho a la información ambiental, a la denuncia popular –que se encuentran en la Ley— y a la figura de Delito ecológico introducida en el Código Penal (D.O.F., 13 de diciembre de1996).
La introducción del concepto de “desarrollo sustentable” –como se escribe en el texto de la Ley— cobra sentido en este contexto. Así, se define como “el proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección al ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras (D.O.F., 13 de diciembre, 1996).
Esta definición apuntaba hacia varias direcciones, entre ellas, primero, a cumplir con uno de los requisitos marcados en la Agenda 21, cuál fue el de crear sistemas integrados de contabilidad que incluyera los temas del medio ambiente y los del desarrollo (ONU, 1992: Párrafo 8.41 y ss). Más adelante, en su párrafo 40.4, se alentaba a los países firmantes del citado documento a definir indicadores del desarrollo sostenible a fin de “proporcionar una base para la toma de decisiones en todos los niveles y contribuir a una sostenibilidad autorregulada a partir de sistemas integrados de medio ambiente y desarrollo”. Esta sugerencia fue recogida en la misma LGEEPA de 1996 en uno de sus artículos, que establecía la obligación de que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) calculara el Producto Interno Neto Ecológico (PINE) dentro del Sistema de Cuentas Nacionales (Art. 15.XIX). Segundo, a la necesidad de buscar los indicadores que permitieran valorar, y comunicar, el grado de sostenibilidad de la economía nacional para un momento determinado y para verificar su avance en un período deseado.
Son precisamente los indicadores ambientales los que nos ayudarán a entender la situación del país en relación con sus avances hacia la sostenibilidad y los problemas que debe de superar.
Los indicadores ambientales oficiales en México
El Sistema de Cuentas Ecológicas y Económicas de México tiene una historia algo más larga que la que se ha descrito anteriormente. Desde 1984, México formó parte de un programa piloto impulsado por el Banco Mundial y la Oficina Estadística de las Naciones Unidas que debía servir para asentar las bases conceptuales y metodológicas de un sistema de contabilidad que tuviera en cuenta los aspectos ambientales del crecimiento económico en los países del mundo. Como primeros resultados fueron las Cuentas Nacionales de México de 1985 a 1990 que incorporaba estos criterios. Posteriormente, estas bases fueron actualizadas y revisadas por una comisión de expertos internacional cuyo producto final fue el Manual sobre contabilidad económica y ambiental integrada (2004)[17].
Con el Sistema de Cuentas Ecológica y Económica de México el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) tiene como objetivo “identificar el impacto que tiene en el PIB, tanto el desgaste de los acervos de capital fijo, durante el proceso productivo, como el agotamiento y deterioro de los recursos del medio ambiente, ocasionado por las actividades económicas de producción, distribución y consumo” (INEGI, 2008). Entre los elementos que incorpora están el balance de los activos económicos producidos y no producidos, así como los activos ambientales no producidos; el agotamiento del petróleo, agua subterránea y de recursos forestales; las pérdidas de superficie forestal (hectáreas) por cambios de uso del suelo; la degradación de agua, aire y suelo. Asimismo, también considera los gastos de protección ambiental de los gobiernos Federal, del Distrito Federal, de las 31 entidades federativas, de empresas públicas y del sector institucional de los hogares; los gastos de protección ambiental del Gobierno Federal, del Distrito Federal y organismos descentralizados; y el Producto Interno Neto Ecológico (PINE), como su principal indicador ambiental. Como puede observarse, el Sistema de Cuentas Ecológica y Económica de México emplea un sentido restringido del concepto de “medio ambiente”.
Para el cálculo del PINE era necesario adaptar a los recursos naturales y los servicios que a la sociedad ofrecen conceptos básicos de la economía, como “activo” y “acumulación”, a fin de poder traducirlos a términos monetarios (INEGI, 2006). Así, por un lado, se amplía el concepto de activo, de los bienes producidos a los no producidos, que incluye dos categorías: los activos económicos no producidos, como recursos naturales susceptibles de ser apropiados y asimilables al concepto de stock, y; los activos ambientales no producidos, que por sus características son de difícil apropiación (bienes libres), y aquellos potencialmente explotables difíciles de cuantificar o no cuantificados. El hecho de llevar la coletilla “producidos” o “no producidos” indica la relación que mantienen con la actividad económica o su grado de afectación, además de reducir la existencia de bienes libres a la categoría de bienes escasos y por tanto contabilizables (INEGI, 2005a). Los activos no producidos a su vez están sometidos a variaciones no sólo en su volumen (por transferencia a los procesos productivos y por agotamiento) sino también afectados por la degradación de su calidad. El balance del conjunto de estos activos es uno de los elementos que incorpora la contabilidad ecológica mexicana.
También se extiende el concepto de acumulación, que hace referencia al proceso de formación bruta de capital debido al continuo flujo de activos hacia el proceso productivo, ampliado ahora también a los activos no producidos, a los que hay que descontar el desgaste propio del proceso productivo, el agotamiento de los recursos y la pérdida de calidad por degradación o contaminación (INEGI, 2005a).
Los resultados expuestos por el propio INEGI (2006) para el estudio del Sistema de Cuentas entre 1999 y 2004 son poco optimistas si se atiende a cada uno de los temas que aborda la contabilidad ecológica y ambiental (activos forestales, petróleo, agua subterránea, contaminación del aire, erosión y contaminación del suelo…). Una de sus conclusiones es que “de persistir las condiciones actuales, cuando menos la mitad del monto registrado para el Producto Interno Bruto del país en 2004 tendría que ser utilizado para resarcir al medio ambiente por el daño que durante los seis años del período del estudio [1999-2004] se generó por la sociedad en su conjunto” (INEGI, 2006: 31).
Si se consultan los datos del PIB y del PINE entre 1999 y 2006 (INEGI, 2008), sorprende la evolución seguida por ambos parámetros: el valor de los costos por agotamiento de recursos naturales y degradación ambiental calculado supone aproximadamente el 10 por ciento del PIB nacional: dos gráficas paralelas que ven crecer su valor en el tiempo pese al mostrado deterioro, cuando uno esperaría que se agrandara la brecha. Es, además, este 10 por ciento, en lo que valora INEGI que suben “las erogaciones que la sociedad en su conjunto tendría que efectuar para remediar y/o prevenir el daño al medio ambiente como resultado de las actividades propias del ser humano, como producción, distribución y consumo de bienes y servicios” (INEGI, 2006: 31). Este dato lleva a pensar que toda la contabilidad del Sistema de Cuentas Económica y Ecológica no deja de ser pura tautología y que en realidad, la diferencia entre uno y otro valor siempre será la misma.
Por otro lado, el Sistema de Cuentas Económica y Ecológica sólo toma una parte de las sugerencias de la Agenda 21, y del significado actual del medio ambiente: el agotamiento de los recursos y la pérdida de su calidad por contaminación y degradación. Falta incluir todos los impactos que sobre la sociedad tiene el modelo económico vigente: en la salud, en la alimentación, en las condiciones de vida y su calidad, en los conocimientos tradicionales en las áreas rurales, por mencionar sólo algunos.
Otra de las propuestas de la Agenda 21 era el de desarrollar indicadores que integraran los temas ambientales y los del desarrollo. En 1994, México se incorporó a las sesiones de trabajo de la Comisión para el Desarrollo Sostenible (CDS) de las Naciones Unidas. Resultado de los estudios emprendidos y de los acuerdos alcanzados son los 134 indicadores seleccionados agrupados en cuatro categorías (social, económico, ambiental e institucional), siguiendo el esquema P.E.R. (Presión- Estado- Respuesta) que había diseñado para Canadá el grupo Statistics Canada en 1979 y adoptado posteriormente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en la definición de indicadores ambientales. La interpretación del esquema viene de la siguiente manera: “las actividades humanas ejercen una presión (P) sobre el medio ambiente  modificando con ello la cantidad y calidad de los recursos naturales (el estado E). La sociedad   responde (R) a tales transformaciones con políticas generales y sectoriales, tanto ambientales como socioeconómicas, que afectan y se retroalimentan de las presiones de las actividades humanas” (INEGI, 2000: 19). De los 134 indicadores, los dos organismos mexicanos involucrados, el Instituto Nacional de Ecología y el INEGI, han podido generar 113 a partir de los datos estadísticos disponibles y obtenidos por organismos públicos y privados, aunque se tiene como meta cumplir con la totalidad de los propuestos. Los 113 indicadores se dividen en: 39 de Estado; 43 de Presión; 31 de Respuesta. Por categorías: 35 son indicadores sociales; 19, económicos; 44, ambientales; y, 15, institucionales.
Por de pronto, la única publicación oficial que existe en México respecto a los indicadores de desarrollo sostenible, Indicadores de desarrollo sustentable en México, es del año 2000 (INEGI, 2000) y no hay visos de que se quiera retomarlos. Ya la misma publicación, a pesar de que describe y aporta datos para cada uno de los indicadores trabajados, carece de algunos elementos que la harían útil. Por ejemplo, se deja en manos del investigador el asignar un peso a cada una de las categorías y, a su vez, de cada una de las variables, en la valoración de la sostenibilidad. Así, la primera pregunta que cabe hacerse es en dónde radica la sostenibilidad ¿en los temas sociales, los económicos, los ambientales o los institucionales? o ¿en qué combinación de todas esas categorías?; y dentro de cada indicador ¿qué peso tiene cada variable en el camino a la sostenibilidad?. La dificultad sólo de lo que se plantea es mucha y puede variar en función del grupo político que gobierne. En consecuencia, no se presenta conclusión alguna, ni hay posibilidad de hacerla, ni para variables, ni para categorías, ni mucho menos de orden general, con lo que la posible utilidad de la publicación de INEGI queda patentemente reducida.
A esta carencia hay que añadir el problema de las fuentes y de los años analizados; la dificultad de tener todos los datos para un momento determinado; la ausencia de desglose territorial que permita, al menos, un análisis comparado entre las diferentes entidades administrativas.
Otras instituciones internacionales y nacionales han sido más expeditivas en el asunto de la sostenibilidad y basándose en sus propios criterios han propuesto algunos otros cálculos de desarrollo sostenible para diversos países del mundo, y para las entidades mexicanas.
Otros indicadores de desarrollo sostenible
Entre las mediciones de la sostenibilidad publicadas para México destacan algunas procedentes de instituciones tan reconocidas como el de la Universidad de Yale, de organizaciones como la OCDE, de la que México forma parte desde 1994, otro basado en el concepto biológico de capacidad de carga que desarrolla el Ecological Footprint Network (Huella ecológica) iniciado por investigadores de la Universidad de Toronto, y algunos otros. Nos detendremos brevemente en el primero, el de la OCDE no difiere en lo sustancial, y en el de la Huella ecológica  interesante por su claridad gráfica. Dejaré para lo último, el índice que calculó hace algunos años una institución privada en México, el Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES), pues permite un análisis comparativo entre los diferentes Estados de la República y conocer con mayor profundidad la situación de la sostenibilidad en el país.
El Índice de Sustentabilidad Ambiental (ISA) de la Universidad de Yale (Yale University, 2005) fue realizado conjuntamente con el World Economic Forum y el Joint Research de la Comisión Europea. Éste está calculado a partir de 76 variables que incorporan series de datos agrupados en 21 indicadores y cinco componentes fundamentales de sostenibilidad, a saber, calidad de los sistemas ambientales, presiones ambientales, vulnerabilidad humana ante la presión ambiental, capacidad social e institucional para hacer frente a los desafíos ambientales, y política internacional, para la cooperación y para la reducción de la contaminación transfronteriza. Según este índice, los países mejor situados eran en 2005 Finlandia, Uruguay, Noruega y Suecia, con valores entre 75,1 (Finlandia) y 71,7 (Suecia) que coincidían con que son países que poseen numerosos recursos naturales, baja densidad demográfica, buena calidad de vida y los principales problemas del desarrollo humano superados. En el otro extremo estaban países como Irak (33,6), Turkmenistan (33,1), Taiwan (32,7) y Corea del Norte (29,2), con problemas diversos pero sobre todo coincidentes en la vulnerabilidad de la población y en las débiles políticas internacionales (Esty et al., 2005).
El ISA para México es de 46,2 puntos, ocupa el lugar 95 en valores de la Universidad de Yale, y el 26 de la lista de países pertenecientes a la OCDE, por debajo de España (48,8 puntos), Turquía (46,6) y Chequia (46,6). Para México este valor es algo mejor que el obtenido en 2001 por la misma fuente. En relación con los países miembros de la Organización de Estados Americanos está en la parte final, por detrás de Honduras; y con respecto a la totalidad de los 146 países revisados, está tras Costa de Marfil, y comparte el mismo valor que Sudáfrica y Rumanía (Esty et al., 2005). Hay que recordar que, como todos los índices, tampoco éstos son neutros y responden a los criterios adoptados por la institución que los impulsa.
La huella ecológica es otro índice, aunque de carácter más popular por la evidencia de su imagen gráfica, impulsado desde 1996 por los investigadores William Rees y Mathis Wackernagel de la Universidad de Toronto (Canadá). Se basa en la idea de la apropiación humana de los ecosistemas y de su capacidad bioproductiva, así como la capacidad de asimilación de los residuos, emisiones y efluentes generados por los ecosistemas. Su unidad de cálculo es en hectáreas a partir de un promedio mundial de capacidad bioproductiva de los suelos. En general, el concepto de huella ecológica recuerda en cierta manera conceptos de la biología como capacidad de carga y los límites al crecimiento desarrollado en el Instituto Tecnológico de Massachussets. Los resultados para México, para el período 1961-2003 no son en nada optimistas. La superficie calculada para México ha aumentado desde una tercera parte del uso de su biocapacidad en el año inicial, a 1,7 veces más, esto es: el conjunto de la población del país necesita casi dos veces la superficie del territorio nacional para suplir todas sus necesidades. Según las investigaciones del Ecological Footprint Network, básicamente el aumento en el uso de combustibles fósiles y la expansión de las áreas urbanas ha causado, en líneas generales, este cambio en la demanda del mexicano.
Por último, queremos extendernos algo más sobre el índice de sustentabilidad ambiental elaborado por el Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sostenible (CESPEDES), en un estudio dirigido por Gabriel Quadri, quien había sido director del Instituto Nacional de Ecologia (INE) en los primeros tiempos de la SEMARNAP.
CESPEDES es el departamento de estudios sobre el medio ambiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) una corporación de las principales empresas del país, con la cementera CEMEX a la cabeza, y como puede suponerse de gran influjo sobre el sector político y administrativo del país. En 2001 publicó Índice de Sustentabilidad Ambiental. Sustentabilidad ambiental comparada en las entidades federativas de México, desde nuestro punto de vista, de gran trascendencia por el número de variables que trabajan y el análisis que realizan. Todo ello pese la orientación marcadamente en pro de la iniciativa privada que caracteriza la selección de variables y el peso que se les asigna en la conformación de algunos de los indicadores.
La base de su estudio es semejante al expuesto por la Universidad de Yale, pero en el que tratan de conjugar el esquema Presión- Estado- Respuesta de la OCDE con el Índice de Sustentabilidad de la universidad americana. Esto permitió definir tres componentes, a saber, Presiones sobre el capital ecológico; Estado del capital ecológico; Respuestas y vulnerabilidad (CESPEDES, 2001: 42). Los componentes están conformados por once indicadores que responden a un total de 52 variables.
Las dificultades que encontró CESPEDES para la generación de las variables son las mismas que se han mencionado para el caso del índice generado por INEGI. Sin embargo, como bien se dice en el estudio, “las carencias sólo limitan y le restan cierta consistencia al ejercicio de construir el índice de sustentabilidad ambiental por entidad federativa, pero no lo impiden” (CESPEDES, 2001: 51). Por otro lado, se trabajaron estadísticamente los datos para eliminar la excesiva dispersión de los valores y hacerlos comparables.
De su análisis, se calculó un valor de Índice de Sustentabilidad Ambiental para cada uno de los Estados, por el cual, a mayor valor, mejor posición de la entidad federativa en cuanto a su sostenibilidad, y viceversa. Los valores oscilaban entre el más bajo, 35,7 para el estado de Hidalgo, y, el más elevado, 65.9 de Baja California (véase figura 1).
En la figura 1 puede observarse grosso modo dos grandes grupos de estados: los del norte, en color verde y amarillo; los del centro y sur, con tonalidades anaranjadas y rojizas. Los estados con peor calificación son Hidalgo y Chiapas, con problemas no completamente idénticos. En el primero todos los indicadores son bajos o muy bajos, mientras que en el segundo son sobre todo los aspectos de vulnerabilidad social y baja capacidad institucional los que disminuyen el valor del índice, al mismo tiempo que en recursos naturales y biodiversidad es uno de los más ricos. En los estados del norte y centro norte, los problemas están más vinculados a la presión sobre los ecosistemas en diferente manera (demográfica, sobreexplotación de los recursos hídricos, baja calidad ambiental en general).
De alguna manera se corresponde esta imagen al estereotipo del país: un norte árido y poco poblado, salvo en ciertos puntos en los que se concentra enormemente la población, generando la presión territorial y sobre los recursos consiguiente; y un sur muy rico en recursos, con abundante población indígena, campesina en su mayor parte, y con pocos centros urbanos de relevancia. Mientras que en los estados menos desarrollados, los del sur y centro sur, los problemas derivan de la ausencia de infraestructuras y equipamientos, problemas de orden socioeconómico e incluso cultural, y una débil capacidad institucional, aunque poseen, en general, una buena calidad ambiental y riqueza en cuanto a biodiversidad y recursos naturales. En contraste, en los estados del norte, los problemas derivan de la excesiva presión sobre un territorio frágil, escaso en recursos (hídrico, sobre todo), pobre en biodiversidad (por las mismas condiciones de aridez), y la mala calidad ambiental. Finalmente, queda casi como mundo aparte el Distrito Federal, un pequeño islote amarillo entre las tonalidades naranjas, en los que se mezclan fuertes presiones ambientales, territoriales y demográficas, junto con una pésima calidad ambiental, conjugadas con una buena capacidad institucional, presencia de infraestructura ambiental y una baja vulnerabilidad social.


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Figura 1. Índice de Sustentabilidad Ambiental por Estados de México
Fuente: Elaboración de I. Calixto a partir de CESPEDES, 2001
Lo interesante del estudio de CESPEDES es que permite aterrizar territorialmente el concepto de sostenibilidad –el que defiende esta institución— e identificar aquellas entidades con mayores problemas para alcanzar el desarrollo sostenible, y aquellos aspectos en donde debería incidir la administración mexicana. De alguna manera, con él se confirma una de las conclusiones a que llega en sus estudios la Universidad de Yale, la institución propulsora de este tipo de indicadores y con un punto de vista similar al planteado por CESPEDES, con respecto a la elevada correlación entre el PIB y el valor del índice ambiental: superar los niveles de pobreza en muchas de las entidades federativas de la República es condición necesaria para conseguir la anhelada sostenibilidad (Esty et al. 2005); o lo que es lo mismo, una mayor capacidad de integración a los mercados internacionales, parece ser garantía de desarrollo, y, de sostenibilidad.
México hacia la sostenibilidad: las posibilidades del sector energético y el reto del cambio climático
Decíamos más arriba que la mayor presencia en el ámbito internacional de México, como miembro de la OCDE y socio de una de las zonas comerciales más grandes del mundo, por el número de individuos que implica y el volumen de transacciones que se generan, condicionaba su camino hacia la sostenibilidad. En efecto, formar parte de un tratado de libre comercio o ser miembro activo de la OCDE conlleva una serie de adaptaciones y obligaciones, la principal de las cuales es la de que todos los países asociados ofrezcan condiciones lo más apropiadas posible para la reproducción del capital, o, tal como se suele mencionar en los Planes Nacionales de Desarrollo “crear condiciones propicias para el desarrollo de la actividad económica”. Entre las acciones que debía adoptar México, aconsejadas por instituciones como el Banco Mundial y la OCDE, estaban las que permitieran reducir el déficit externo, enjuagada sólo por los crecientes precios del petróleo y los envíos de remesas de los emigrantes. Disminuir la dependencia económica en el petróleo es para los organismos internacionales un aspecto básico que debe abordar la política mexicana; combatir la inflación, reducir la pobreza y la contaminación ambiental, sobre todo en los grandes núcleos urbanos; mejorar la calidad de las infraestructuras; tomar medidas que favorezcan la competitividad y liberar aquellos sectores en los que había trabas para la inversión extranjera (la energía, transportes aéreo y marítimo) entre otras medidas, todo ello debía redundar en un mayor crecimiento interno y una mejora en la integración con los otros socios del TLCAN (Banco Mundial, 2005; OCDE, 2008c).
Lo cierto es que ni los índices ya mostrados ni los números que describen al país ayudan a ser optimistas: a una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real creciente, situado entre el 2 y el 4 por ciento en los años de 2003 a 2006 (OCDE, 2008a), hay que confrontar una inflación elevada, aunque en descenso (mayor al 8 por ciento en 2003, y de 4,5 por ciento en 2006) y una tasa de crecimiento de la población elevada (1,3 por ciento). El PIB de México es casi el más bajo de los 30 países miembros de la OCDE, con 10.525 dólares per capita, y una parte importante de su población, el 69 por ciento, está por debajo de esa cantidad (OCDE, 2008a). Por otro lado, el Centro de Estudios para América Latina, CEPAL, calculó para el año 2006, que un 31,7 por ciento de la población vivía en situación de pobreza y un 8,7 en indigencia y que ambas afectan más a las zonas rurales que a las urbanas. La distribución de la rentas están sesgadas hacia el 10 por ciento de la población más rica que ingresa un tercio del total (CEPAL, 2007).
A todo esto hay que añadir que la población del país es de 104,9 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento en descenso (3,7 por ciento en 1971 y 0,97 en 2007), que avizora un progresivo envejecimiento de la población (6,3 por ciento, mayor de 65 años, en 2005) y sobre todo desigualmente distribuida: o concentrada en grandes núcleos o dispersa en numerosas poblaciones menores de 5.000 habitantes. Así el 49 por ciento de su población vive en las nueve principales áreas metropolitanas, mientras que un porcentaje más que significativo se halla disperso en una miríada de localidades rurales pequeñas (Gutiérrez, González, 2007; INEGI, 2005b).
Complementando estos datos, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) asocia en su Índice de marginación, 2005[18] (2006) la dispersión de la población con las dificultades del acceso a los recursos básicos de la vivienda (calidad del piso, servicio de agua, sanitario y drenaje, y energía eléctrica), equipamiento sanitario y educación, a lo que hay que agregar que son también los que disponen de menores ingresos (45 por ciento de la Población Económicamente Activa del país gana hasta 2 salarios mínimos, esto es, cerca de 3 euros al día) (CONAPO, 2006). De esta manera, los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo, en este orden, son catalogados como los que tienen el valor más alto de índice de marginación. En el extremo opuesto, los estados con menor grado de marginación son aquellos cuya población, debido a la presencia de núcleos urbanos bien desarrollados, puede aprovechar las ventajas de las economías de escala y tener acceso a mayores oportunidades educativas, laborales, sanitarias y de salubridad, y de vivienda en condiciones. La entidad con menor índice de marginación es el Distrito Federal, seguido de los estados de Nuevo León, Coahuila y Baja California que conforman el 18 por ciento de la población nacional. Se reproducen así, a grandes rasgos, los resultados del Índice de Sustentabilidad calculados por CESPEDES en el estudio citado.
Quizás el tema de la energía es, en toda su complejidad y amplitud, el que puede permitir no sólo abordar varias de las sugerencias de los citados organismos, a la vez que mejorar aquellos aspectos explicitados por los indicadores de sostenibilidad, sino también puede ayudar a encaminar al país hacia el ansiado desarrollo sostenible. El interés que despierta en la actualidad en México este tema obedece a varios motivos, dos de los cuales resultan de mayor interés por su actualidad. El primero es el intenso debate que se está viviendo en el país desde el mes de marzo de 2008 sobre la reforma del sector energético, básicamente sobre el futuro de la paraestatal PEMEX, en el Congreso de la Unión y en diversos foros académicos.
El segundo, y relacionado con el anterior, es la preocupación cada vez mayor, tanto a nivel de los políticos e intelectuales como del ciudadano, por el calentamiento global y el cambio climático. La explicación puede hallarse en la extraordinaria divulgación que los medios de comunicación han dado en este último año a los resultados del último informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, 2007) en el que se observa un aumento en los efectos adversos para México asociados con el cambio climático. Se ha calculado que entre 1970 y 2004 alrededor de los 2.443 municipios del país, el 26 por ciento, han sufrido inundaciones y que más del 50 pr ciento de los desastres del país son por fenómenos hidrometeorológicos (Oropeza, Enríquez, Preciado, 2007). Este problema se agravaría y extendería con el cambio climático.
Del petróleo y las energías renovables
Energía en México significa abordar dos de los tabúes nacionales, con un tratamiento especial en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reservado dentro del Tratado de Libre Comercio[19]. Es hablar de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dos empresas paraestatales que detentan, la primera, en régimen de monopolio la exploración, explotación, refinación y todas las operaciones relacionadas con la comercialización del petróleo y de sus derivados, y hasta 1995, también del gas natural[20]; la segunda, algo menos monopolio, la generación, el transporte y distribución de la energía eléctrica. A ellas se alude cuando el Banco Mundial habla de abrir aquellos sectores de la economía mexicana a la inversión extranjera y a ambas cuando se quiere debatir sobre la necesaria reforma energética.
Del petróleo depende no sólo la balanza comercial del país, sino también algo más del 70 por ciento de la generación de energía eléctrica. Por lo que cuando los organismos internacionales dicen algo sobre la necesidad de reducir la dependencia de México con respecto a este fluido hay que entenderlo desde el punto de vista de la productividad del país (de las más bajas de la OCDE)(OCDE, 2008c) y la perentoriedad de impulsar otros sectores de la economía, como de diversificar las fuentes de generación de energía.
Tras del petróleo mexicano también se encuentran asuntos tan graves como el accidente que en 22 de abril de 1992 ocasionó  dos centenares de muertos y numerosos heridos en la ciudad de Guadalajara[21], y la mala calidad del aire de las grandes ciudades del país, empezando por el Distrito Federal, durante muchos años con niveles de contaminación por ozono, óxidos de azufre y partículas de los más elevados del mundo, y ahora de ciudades no tan grandes como Salamanca (Guanajuato), con una central termoeléctrica y una refinería en su término (INE, s.d.; Zuk et al. 2006). Afortunadamente, la eliminación del plomo en las gasolinas, y los estudios para reducir también la concentración de azufre y otros compuestos permite ser algo más optimistas con respecto a la calidad del aire urbana (INE, 26 de junio de 2006).
Finalmente, sobre los yacimientos petrolíferos en territorio mexicano, sobre todo los más productivos como el de Cantarell (Yucatán), se cierne el síndrome del pico de Hubbert, por el cual ya se habría llegado en 2004 al pico máximo de explotación a partir del cual empezó a declinar. Es esta sensible reducción de la producción lo que ha conducido a tratar de aprobar una iniciativa de ley que permita la participación de empresas extranjeras en la exploración y explotación del recurso puesto que, se esgrime, la paraestatal no tiene recursos para eso, principalmente para alcanzar los pozos profundos. Para ello se han modificado algunos artículos de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional (donde se defiende la soberanía nacional sobre todos los recursos naturales del territorio mexicano) en lo relativo al ramo del petróleo, lo cual ha levantado una extraordinaria polémica. El hecho de que PEMEX sea en 2008 la tercera empresa del mundo en producción de crudo y que hayan sido muchos los beneficios económicos, sociales y políticos que se han derivado de él, alimenta serias dudas en la sociedad mexicana sobre quien va a revertir los dividendos del petróleo, una vez efectuadas las reformas pertinentes.
La reducción del petróleo en el horizonte energético mexicano abre grandes expectativas a aquellos inversores que ven en el territorio nacional una fuente inconmensurable de energías renovables. Si descontamos la hidroeléctrica, prácticamente al límite de su capacidad, los proyectos de generación de energía eólica, solar fotovoltaica y fototérmica, y geotérmica tienen un gran futuro. La aportación energética de las fuentes renovables es, en su conjunto, próxima al 10 por ciento (OCDE, 2008a), básicamente por la extraordinaria aportación de la hidroeléctrica y, en particular, la procedente del estado de Chiapas. Las centrales de La Angostura y Chicoasén poseen un tercio de la capacidad hidroeléctrica instalada y suministran una parte muy relevante de lo que se consume en el centro del país (CFE, 2008). Hay que recordar que las cuencas de los ríos Grijalva y Usumacinta son la primera reserva de agua dulce del país y la séptima a nivel mundial.
Apenas están en explotación los lugares con potencial para energía eólica, dos centrales, una en Baja California Sur, y otra en el istmo de Tehuantepec –la zona con mayor potencial del país—y apenas 86 megavatios (MW) de capacidad instalada. Las nuevas centrales propuestas, como la de Santo Domingo y la Venta en Oaxaca, y algunos más incluidos como proyectos dentro de los Mecanismos de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto, podrá aumentar considerablemente la capacidad instalada (INE, 2008). El potencial es elevado en toda la península de Baja California, en Sonora y Chihuahua, Yucatán y Zacatecas además del Istmo de Tehuantepec, con un potencial económicamente aprovechable que podría llegar a los 5.000 MW de capacidad instalada.
La energía geotérmica es algo más conocida pero no por ello más explotada. De los más de 1.000 puntos con potencial, sólo hay cuatro zonas en explotación con una capacidad instalada de 960 MW, dos puntos en Baja California y Baja California Sur, otro en Michoacán (Los Azufres) y otro más en el estado de Puebla (CFE, 2008). En solar fotovoltaica y fototérmica está prácticamente todo por hacer, con zonas del país con más de 3.400 horas de insolación y una intensidad de radiación anual de 3,5 Gigajoules por metro cuadrado (CFE, 2008). Últimamente, gracias a un donativo del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) se ha empezado ya a construir la primera central solar que operará la paraestatal en México y estará ubicada en el desierto de Agua Prieta, Sonora.
Finalmente, en cuanto al uso de biomasa como combustible, se estima en 73 millones de toneladas los residuos agrícolas y forestales con potencial energético, que añadido a los residuos sólidos de algunas ciudades para la generación de electricidad, se podría instalar una capacidad de 803 MW y generar 4.507 MWh/año, entre otras. En este apartado hay que contar, obligatoriamente, con el sector cañero que, privatizado en 1988 y rescatado en 2005, usa tradicionalmente el bagazo para fines energéticos. Se ha calculado en 92.000 Gigajoules los usos actuales, al que habrá que añadir las posibilidades del etanol, como subproducto. La Ley para el desarrollo y promoción de los bioenergéticos (D.O.F., 1 de febrero de 2008) está obligando a PEMEX a sustituir el aditivo MTBE (Metil-Terbutil-Eter) usado actualmente en la oxigenación de las gasolinas por etanol.
Desde hace ya algunos años, también se han emprendido iniciativas legales que tratan de ordenar la apertura del sector de la producción de energía, actualmente en manos de la Comisión Federal de Electricidad, a la iniciativa privada, a pesar de que la distribución por todo el sistema eléctrico nacional siga estando en sus manos. Así, la creación por ley de la Comisión Reguladora de la Energía, en 1995, como las recientes leyes de Aprovechamiento de fuentes renovables de energía (D.O.F., 15 de junio de 2005), la de los bioenergéticos ya citada, que complementa parte de la Ley de desarrollo sustentable de la caña de azúcar (D.O.F., 22 de agosto de 2005), tratan de regular la que se espera creciente aportación a futuro de particulares.
Las discusiones han sido particularmente agrias en el caso de los bioenergéticos, una ley que tardó dos años en aprobarse. La agricultura, un sector con cada vez menor peso en el Producto Interno Bruto, que ocupa a menos del 5 por ciento de la población económicamente activa, tiene en los bioenergéticos otra posibilidad de desarrollo. En parte se han querido ver como la panacea que sacará de la miseria a una porción del campo mexicano, la que actualmente tiene menos expectativas. Iniciada la ley de bioenergéticos a partir de la Comisión de agricultura del Congreso en 2005, el principal problema que tenían que dirimir era si se debía incluir al maíz como cultivo bioenergético o, por el contrario, asegurar el abastecimiento y la soberanía alimentaria que se propende en la Ley de desarrollo rural sustentable: desviarlo del consumo humano podría ser una tremenda irresponsabilidad en un país en el que este cultivo es básico en la alimentación nacional[22].
Las oportunidades y retos del cambio climático
La participación activa de México en las discusiones en torno al calentamiento global y el cambio climático y el establecimiento de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático[23] (UNFCCC, por sus siglas en inglés), desde inicios de los años de 1990, no sólo se debe a la conciencia de la enorme vulnerabilidad de la población y del elevado riesgo que entraña que amplias zonas del territorio nacional se están viendo afectadas por la intensidad de los fenómenos meteorológicos, por los cambios en los patrones de lluvia y sequía, y por el aumento del nivel del mar en las zonas costeras (IPCC, 2007); se trata también de aprovechar las oportunidades que puedan presentarse ya sea del aprovechamiento del potencial de energías renovables y el desarrollo de proyectos tecnológicos y de investigación al respecto, como también de las ventajas que un nuevo contexto internacional pueda representar. Nos referimos en este último sentido a los instrumentos de mercado que se han desarrollado desde hace más de veinte años y que se han reforzado con los propuestos a partir del Protocolo de Kyoto, vigente desde febrero de 2005.
No está de más recordar que, durante los años en que se acordaba la citada Convención, México estaba negociando el TLCAN y su entrada en la OCDE, por lo que la delegación mexicana que participaba en las reuniones sobre el cambio climático tuvo que extremar sus precauciones y no adquirir obligaciones que comprometieran su futuro desarrollo (Alba, 2004; Tudela, 2004). Tuvo que optar por una posición ambigua, desvinculada del Grupo de los 77 y China, y de las negociaciones multilaterales de la Convención, y quedó entre el grupo de países que podían recibir recursos para la lucha contra el cambio climático, los países denominados No-Anexo I, esto es, los países en vías de desarrollo.
El Protocolo de Kyoto, presentado en 1997 en la III Conferencia de las Partes, establecía a partir del principio de “responsabilidad común, pero diferenciada” (Art. 7 de la Declaración de Río) una serie de mecanismos de mercado a partir de los cuales se podían canalizar recursos de organismos internacionales para el desarrollo de proyectos de reducción de emisiones. La clave está en las  variaciones en los costos marginales de reducción de emisiones entre países[24]. Los más interesantes para México y en los que está adquiriendo notoriedad a nivel mundial son los Mecanismos de Desarrollo Limpio. Con ellos, un país obligado a limitar sus emisiones o de reducirlas (Países Anexo B[25]) pueden desarrollar proyectos en países No-Anexo I, de manera que por cada tonelada de CO2 reducida se adquiere un Certificado de Reducción de Emisiones (CRE) que es susceptible de comercio. El organismo en México autorizado para trabajar en esta línea es el Comité Intersectorial del Cambio Climático. Como resultado, desde 2005 con la entrada en vigor del Protocolo hasta finales de 2007, en México se habían aprobado y estaban en funcionamiento 178 proyectos a través de estos mecanismos, y se ha convertido en el tercer país del mundo en número de proyectos de este tipo. Sin embargo, hay que decir que la mayoría de los aprobados están relacionados con establecimientos ganaderos (emisiones de metano) y correspondientes, muchos de ellos inicialmente, a empresas agrícolas y ganaderas del centro-norte del país (Sonora, Jalisco –el Bajío, en general—), y posteriormente, de Puebla y Veracruz (INE, 2008).
Junto a los Mecanismos de Desarrollo Limpio, las oportunidades que en México se están aprovechando provienen de dos ámbitos: primero, de la posibilidad de comerciar con los CRE; segundo, los proyectos de captura de carbono en las áreas forestales del país.
En efecto, con la venta de los Certificados de Reducción de Emisiones y el mercado del CO2, se abre una nueva etapa en la legislación ambiental mexicana, en donde las mayores iniciativas no provinieron únicamente del gobierno, sino también de las presiones ejercidas por un grupo del sector privado mexicano, quienes se fueron reconvirtiendo al discurso ambientalista con el fin de ingresar en el mercado ambiental global, y proteger sus intereses económicos, por ejemplo mediante el cumplimiento voluntario de los objetivos del Protocolo de Kioto. De esta manera, ejercen su influencia sobre el Estado y la sociedad mexicana y exponen bajo su óptica “las razones por las cuales el cumplimiento de los compromisos de Kioto y los mercados de CRE serán de gran importancia para la economía mexicana” (CESPEDES, 2000: 73)[26].
El gobierno mexicano ha apoyado las acciones del sector privado para promover un mercado con oportunidades de exportación de CRE, y funcionamiento descentralizado del gobierno con el propósito de facilitar su participación en el considerable volumen de capitales (de 1.000 a 3.000 millones de dólares anuales) que potencialmente se captarían con la participación Latinoamericana en la venta de servicios ambientales.
Aunado a ello, el marco del TLCAN genera nuevas oportunidades entre los tres países implicados. Ya en el año de 2001, un informe de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA), mencionaba las oportunidades en México para eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera, y para prevenir su emisión, las cuales podrían generar millones de dólares de ganancias para las empresas pequeñas y medianas (CCA, 2001).
Son precisamente las áreas forestales del país y su potencial forestal las que están siendo objeto de interés de inversores extranjeros. México presenta condiciones naturales propicias para llevar a cabo acciones de mitigación de gases de efecto invernadero con el 72% del territorio con potencial forestal. El problema principal radica en que alrededor del 80 por ciento de las áreas boscosas se encuentran bajo un régimen de propiedad social (comunal y ejidal) y constituyen el sustento de millones de campesinos, muchos de los cuales poseen el conocimiento y experiencia acumulados a través de siglos de evolución cultural y biológica. Solamente un pequeño porcentaje tiene un adecuado manejo, el cual lo certifica el Consejo de Administración Forestal, que puede entenderse como un indicador de sostenibilidad.
Sin embargo, la propiedad social no es fácilmente compatible con proyectos diseñados para funcionar bajo el esquema de los Mecanismos de Desarrollo Limpio, en donde no se incorporan los usos relacionados con el bosque, su gestión, ni las políticas locales que asegurarían una adecuada valoración del recurso[27]. Así ha sido entendido en el Plan Estratégico Forestal para México 2025, elaborado en febrero de 2001, en el que se contemplaba apoyar proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero, dirigidos a la obtención de CRE como estrategias para promover un desarrollo sustentable. Entre las propuestas recomendadas se destacaba el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, lo cual dista mucho de la explotación forestal predominante, la comunal y ejidal.
En un tenor parecido operan algunos programas creados por la Comisión Nacional Forestal que ha buscado promover el desarrollo de empresas y cooperativas forestales, en tanto que otros han servido para emprender actividades vinculadas directamente con las acciones de mitigación al cambio climático[28].
Desafortunadamente, el sector agrícola, profundamente vinculado con el forestal, ha quedado cada vez más desprotegido hasta llegar a la casi desarticulación total, al punto que el cambio de uso de suelo y, en consecuencia, los niveles de deforestación han seguido tan altos como en años anteriores. México es de los países con mayor tasa de deforestación del mundo. En muchos casos, ésta se realiza para usos ganaderos, sobre todo en las regiones de bosques templados y tropicales (OCDE, 2008b). Actualmente el 14 por ciento de las emisiones de carbono en México tienen este origen (Zuk et al., 2006), aunque hay que señalar que no toda la pérdida de masa forestal ocurre en las zonas donde éste es más abundante. Según la OCDE (2008b) el 75 por ciento de la expansión agrícola se realiza en las zonas áridas y semiáridas del país. Los proyectos vinculados al cultivo de bioenergéticos y su comercialización, como trata la Ley correspondiente, se espera potenciarlos en las zonas rurales del país más deprimidas, muchas de ellas en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. El cultivo de bioenergéticos (caña de azúcar, oleaginosas) se pretenden que actúen como revulsivos que conduzca a la organización de cooperativas y sociedades que permita salir del rezago, a la vez que se integran en los proyectos de reducción de gases de efecto invernadero. Todo ello en un momento en que los programas de apoyo al campo en México son menores, en aplicación de los acuerdos del TLCAN, al punto de que es, de los países de la OCDE, de los que ofrece menos incentivos a este sector.
Algunas reflexiones finales sobre la sostenibilidad en México
A lo largo del artículo hemos visto como se fue introduciendo la idea de desarrollo sostenible en México, al compás de una transformación progresiva del concepto del medio ambiente, de lo ecológico a lo social. Las dificultades que la ambigüedad de la definición original de desarrollo sostenible presentaba fueron superadas a partir de su asimilación a las características determinadas de un sistema económico y a sus indicadores, de forma que se pudo obtener como producto algo perfectamente mensurable y, cuasi, tangible. De ello es fiel reflejo la definición por la que se optó al incluirlo en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su reforma de 1996. La transposición del término al marco jurídico mexicano muestra esa capacidad de materialización de lo abstracto que tiene el lenguaje técnico de legislador.
El vínculo del desarrollo sostenible con el proyecto neoliberal es incuestionable y se realiza a partir del concepto de “desarrollo”, entendido de una única manera desde la década de 1950, a partir de una de las variantes de la doctrina Truman y que dividía el mundo en desarrollados y subdesarrollados (Naredo, 2006). Así, optar por la sostenibilidad significa obligatoriamente adoptar las directrices de la política económica dominante.
De esta manera, los Índices de Sustentabilidad, pese a la utilidad que pueden tener, deben entenderse como la confirmación o no del grado de adopción de un territorio determinado a los lineamientos dominantes, es decir su grado de integración con la economía mundial. En este sentido, los estudios de la Universidad de Yale y los de CESPEDES parecen decirlo claramente: México está relativamente bien integrado a los mercados internacionales; los estados del centro-norte del país también. Quedan en rezago, aquellos países/estados que por sus características –por ejemplo, zonas indígenas, que están cultural e ideológicamente alejadas del pensamiento occidental, en topografías accidentadas— difícilmente accederán a los beneficios de la globalización.
En este trabajo hemos querido plasmar la situación del desarrollo sostenible en México ofreciendo un panorama de su sector energético. Este, creemos que es uno de los temas que puede permitir al país mayores avances en su camino hacia la sostenibilidad, básicamente por el potencial que todavía tiene en recursos fósiles, como en fuentes de energía renovable. A ello hay que añadir que todo el conjunto del territorio tiene posibilidades de acceder a esas fuentes, por lo que podría decirse que toda la población del país podría tener acceso a la energía en cantidad y con calidad suficiente para sus necesidades básicas y para emprender proyectos más ambiciosos.
En el fondo del debate energético que se está planteando actualmente en el país radican varias ideas que deberán imponerse en un futuro a medio plazo. Primero, la necesidad de abandonar la dependencia energética a partir de combustibles fósiles, una de las recomendaciones de los organismos económicos internacionales; segundo, dos aspectos más en los que apenas se quiere reflexionar ni legislar: la necesidad de apostar por la eficiencia energética que permita aumentar la productividad por unidad energética empleada (otras de las recomendaciones del Banco Mundial y de la OCDE) y; además, cambiar el modelo de producción y distribución de la energía basada en la generación de grandes potencias que han de trasladarse a grandes distancias, por un modelo más ubicuo, adaptado a la microescala del territorio mexicano, que es lo que permiten las fuentes renovables y que permitirá que haya suministro de energía en todos los puntos del extenso país. Resultaría paradójico que después de haber apostado por las grandes inversiones en todo (vialidades, plantas de generación de energía y todos sus elementos para el transporte y la distribución, grandes empresas…), para rentabilizar la producción, de lo que fuere, descubriéramos que el principio de la sostenibilidad radica en la proximidad y en atender lo local.
Uno de los mayores retos para el desarrollo sustentable, no sólo en México sino en el mundo, será volver a redefinir la noción de sostenibilidad, ahora en un escenario con recursos limitados, degradación ambiental, y con una vulnerabilidad creciente asociada con la intensidad y frecuencia de los efectos adversos del cambio climático. La pérdida de instrumentos políticos en materia de seguridad social por parte de los Estados en relación con las interacciones transnacionales, sitúan a sociedades como la mexicana en un estado de alta vulnerabilidad, tal como lo expresó para países de la OCDE con el Índice de Vulnerabilidad Social (Álvarez y Cadena, 2006).
En última instancia, ese cambio conceptual debería empezar por el concepto de desarrollo. Si el desarrollo sostenible ha buscado mantener similares opciones de desarrollo para las generaciones futuras, se debería tratar de empezar al revés: otorgar a la sociedad los conocimientos y los instrumentos que les permitan responder adecuadamente a situaciones adversas, desde desastres hasta otros acontecimientos menos dramáticos socialmente. En los últimos años, esta siendo cada vez más popular el uso del concepto de “resiliencia”, tanto en el ámbito académico como político. Un concepto nacido en el ámbito de la ingeniería que se refiere a la capacidad de un sistema para volver a recuperar su situación inicial tras haber sido alterado su equilibrio inicial. Aplicado al ámbito social, se refiere principalmente a la capacidad de las sociedades para responder y ajustarse a situaciones de cambio o incertidumbre. Fortalecer esa capacidad sería la base de una nueva sostenibilidad.
Notas
[1] N. de los A.: Durante la elaboración de este texto reparamos en la coincidencia del título con el del libro en edición digital de Fedro Guillén, El Instituto Nacional de Ecología, quince años de políticas ambientales en México, publicado en noviembre de 2007. Pese a la similitud de parte del título y del tema, el enfoque que proponemos difiere por completo del presentado por Guillén. Por supuesto, el libro citado nos ha sido de gran utilidad porque explica a través de entrevistas a los principales protagonistas del Instituto Nacional de Ecología su aportación a la existencia y devenir de tal institución.
[2] El diccionario de la Real Academia Española dice al respecto de los términos sostenible y sustentable: “Sostenible: Dicho de un proceso. Que puede mantenerse por sí mismo”; “Sustentable: Que se puede sustentar o defender con razones”. En México, es más corriente que se hable de sustentable que sostenible  esto afecta a algunos términos como el del Índice de Sustentabilidad Ambiental, más conocido así que por el de Sostenibilidad Ambiental. En el texto usaremos principalmente el concepto de “desarrollo sostenible” salvo cuando nos refiramos al término empleado por la LGEEPA que lo denomina “desarrollo sustentable”, y emplearemos “sostenibilidad” salvo cuando nos refiramos al Índice de Sustentabilidad Ambiental.
[3] Es el caso de la Ley Federal de Protección al ambiente (D.O.F., 11 de enero de 1982) y anteriormente la Ley Federal para Prevenir y controlar la contaminación ambiental (D.O.F., 23 de marzo de 1971)
[4] La política ambiental había estado hasta ese momento en varias secretarías, siempre en relación con cuestiones de salud pública. Fue a partir de la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) en 29 de diciembre de 1982 que se planteó la posibilidad de una Secretaría dedicada en exclusiva a las cuestiones ambientales. La SEDUE duró hasta la creación de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en 25 de mayo de 1992 como resultado de la fusión de SEDUE y la Secretaría de Programación y Presupuesto (Decreto de la Secretaría de Gobernación, por el que se Reforma, adiciona y deroga algunas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, D.O.F., 25 de mayo de 1992)
[5] Este poder y capacidad fueron otorgados finalmente, para ambas entidades, con el acuerdo de funcionamiento y organización publicado en el D.O.F., de 17 de julio de 1992
[6] Ejemplos de esa oposición se encuentran en las noticias publicadas en los principales diarios nacionales en los días previos a la celebración de la Cumbre de Río, por ejemplo: La Jornada
[7] El alza de los precios del maíz en 2007, concretamente de la tortilla de maíz, alimento básico de la dieta mexicana, fue un serio aviso que el gobierno de Felipe Calderón tuvo que atajar con celeridad (CEPF, 2007). Al respecto pueden leerse los debates que se suscitaron en Comunicación social. Boletín núm. 567 y siguientes, 10 de enero de 2007 (<http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/view/full/38376>), un precedente de lo que se está viviendo en 2008 a nivel mundial con el aumento de los precios de los alimentos. Sobre el impacto del TLCAN en el sector agropecuario puede verse los resultados de un seminario en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, previo a la firma del tratado en González Pacheco (1992)
[8] Años más tarde, en 2001, su sucesor Vicente Fox, separó también el sector pesquero, pasándose a denominar SEMARNAT, Secretaría del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales
[9] Aunque muchas delegaciones de Distrito Federal sufrieron la acometida de la intensa inmigración, como fue Iztapalapa, el caso más emblemático, de finales del decenio de 1960 y principios de 1970, es quizás el de ciudad Nezahualcóyotl (Estado de México) en el límite con el Distrito Federal. Tras el decreto de creación en 3 de abril de 1963, la población censada en 1970 era de 580.436 habitantes y en 1980 de 1,341.230 (cifra posiblemente exagerada) (INEGI, 2003). Los terrenos en donde se asienta esta ciudad eran los ganados al lago de Texcoco, reducida su extensión a la laguna de Nabor Carrillo, en unos terrenos fangosos en la época de lluvias y polvorientos en la de sequía. El plan Texcoco, de reforestación del área para el control de las tormentas de polvo (tolvaneras) que se generaban en esta zona de la cuenca de México y que asolaban todo el resto de la ciudad, data de 1980.
[10] Se suele mencionar también la Ley Federal de Protección del Suelo y del Agua de 1946 como antecedente de las leyes de carácter ambiental. Véase Dirección General, 2005.
[11] Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (D.O.F., 13 de diciembre, 1996)
[12] La definición de 1988 era la siguiente: “el conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre que interactúan en un tiempo y espacio determinados”. En nuestra opinión, no es lo mismo usar en castellano únicamente el término ambiente que medio ambiente. Algunos autores entienden que con el empleo de ambos términos se incurre en un pleonasmo inaceptable. Sin embargo, medio y ambiente comparten únicamente una parte de sus acepciones, por lo que utilizar uno u otro en vez de ambos a la vez no comprendería más que una parte de su completo sentido. Los términos franceses de “environnement” y “milieu” pueden iluminar al respecto.
[13] Como ejemplo, pueden verse la definición Domingo Gómez Orea, un autor español que lleva bastante tiempo metido en temas de gestión ambiental, que lo entiende como “el entorno vital. El conjunto de factores físicos-naturales, estéticos, culturales, sociales y económicos que interactúan entre sí, con el individuo y con la comunidad en que vive determinando su forma, carácter, comportamiento y la superviviencia de ambos” (Gómez Orea, 1994: 37)
[14] Véase en el capítulo 2 el apartado titulado Cooperación Internacional para acelerar el desarrollo sostenible en los países en desarrollo y políticas locales relacionadas (ONU, 1992). En él se propone substituir la ineficiente política “substitución de importaciones” –dominante en toda América Latina hasta el decenio de 1980— por la liberación de los sistemas comerciales y la movilidad de capitales; promover el libre cambio frente al proteccionismo trasnochado y la incorporación de los países a un sistema comercial mundial.
[15] En la actualidad, México tiene firmados doce tratados de libre comercio, y uno más si se considera el Plan Puebla Panamá, que pretende potenciar e integrar económicamente una amplia región que comprende los estados sureños de México, con los países del cinturón centroamericano hasta Panamá. Para más información puede consultarse (Secretaría de Economía, 2008)
[16] Este derecho también se mencionaba en la LGEEPA de 1988 como uno de los principios de la Política ecológica. En la versión de 1996 se expone además de en este capítulo citado, en el primer artículo de la norma. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no incluyó este derecho sino hasta 1999 en el artículo 4°, sec. 5.
[17]  En relación con el Sistema Nacional de Cuentas Ecológica y Económica y con los Índices de Sustentabilidad Ambiental calculados para México, puede consultarse el texto de Rivera y Foladori, 2006
[18] El Índice de marginación lo calcula CONAPO a partir de las siguientes variables: Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta; y de 15 años o más con primaria finalizada; porcentaje de viviendas sin drenaje; ni servicio sanitario; sin energía eléctrica; ni agua entubada y; con algún grado de hacinamiento; calidad del piso de la vivienda; porcentaje de población que vive en localidades menores a 5.000 habitantes y; porcentaje de población con menos de 2 salarios mínimos de ingreso.
[19] El petróleo, pero en general todo el tema energético, es uno de los capítulos reservados dentro del TLCAN. El Capítulo VI del Tratado, dedicado a Energía y Petroquímica básica, anexo 602.3, establece que el Estado mexicano “se reserva para sí mismo, incluyendo la inversión y la prestación de servicios (…) la exploración, y explotación de petróleo crudo y gas natural”, la refinación y la comercialización. Más adelante, en el apartado 1.c. y siguientes se dedica a la producción de energía eléctrica, que en México se encuentra en manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
[20] La Ley de la Comisión reguladora de la Energía (D.O.F., 31 de octubre de 1995) y el Reglamento del gas natural (D.O.F., 8 de noviembre de 2005) fueron una primera reforma del sector energético que eliminaba de PEMEX el control sobre la exploración y explotación del gas natural y abrió las puertas a las concesiones de empresas extranjeras.
[21] Accidente que hizo que todos los partidos políticos, sin excepción, y asociaciones cívicas reclamaran la urgente reforma de la empresa. Sobre este accidente puede leerse el trabajo de Rossana Reguillo, 1992 en que analiza desde el punto de vista de los movimientos sociales la evolución desde el clamor inicial a la dilución final de la protesta.
[22] En febrero de 2008, cerca de una cincuentena de organizaciones campesinas y sindicales de todo el país signaron el Pacto por la soberanía y seguridad alimentaria y energética que pretende, entre otras cosas, renegociar el capítulo agrícola y ganadero del TLCAN, que el país disponga de reservas en alimentos básicos (maíz, frijol), oponerse a lo que entienden como privatización de PEMEX, entre otras solicitudes.
[23] La Convención Marco se estableció con la intención de crear una estrategia global para detener el calentamiento global a partir de la estabilización de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Estos gases son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los Compuesto Orgánicos Volátiles (C.O.V.) entre los principales.
[24] Algunas estimaciones sugieren que el costo de la reducción de carbono [emisiones] en países industrializados va de 35 a 50 dólares por tonelada métrica, mientras que en los países en vías de desarrollo es de 10 dólares o menos por tonelada métrica (CCA, 2001). Sobre los instrumentos económicos derivados del Protocolo de Kyoto, puede verse (Goldemberg, 1998; Masera et al., 2001)
[25] Los países que integran el anexo B del Protocolo de Kyoto son los clasificados como desarrollados: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos,  Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Suiza y Turquía (UNFCCC, 1998).
[26] Se encuentran entre ellos las grandes corporaciones industriales del país: la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), el Consejo Nacional Agropecuario y la Asociación de Banqueros de México. Una de las empresas que ha promovido un mercado interno de bonos de carbono es PEMEX. Al respecto, puede verse Gómez, 2004.
[27] Para dar sustento normativo e institucional al uso y conservación de estos bosques, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (D.O.F., 25 de Febrero, 2003) reconoce su carácter social.
[28] Entre los primeros, nos referimos al Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR) y el Programa de Conservación y Manejo Forestal (PROCYMAF); entre los segundos, PRONARE, el PRODEPLAN y el Programa de Defensa de la Frontera Forestal

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© Copyright Pere Sunyer Martín y Ana E. Peña del Valle Isla, 2008
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Referencia bibliográfica:
SUNYER MARTÍN, Pere y PEÑA DEL VALLE ISLA, Ana. Quince años de desarrollo sostenible en México. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales.  Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2008, vol. XII, núm. 270 (21). [ISSN: 1138-9788]

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